Uno de los supervisores de reformas edilicias en la Amia cuando ocurrió el atentado terrorista que la destruyó, aseguró ayer que las bolsas de materiales que entraban al edificio se revisaban con detector de metales y a mano, al declarar en el juicio oral contra la bautizada conexión local del ataque.
Juan Solla desvirtuó con su testimonio la hipótesis de abogados defensores que sostienen que los explosivos pudieron ser escondidos dentro de la mutual y no en un coche bomba que impactó contra la Amia a las 9.53 del 18 de julio de 1994, como considera probado la investigación oficial.
El abogado del ex comisario bonaerense Juan José Ribelli abrió la jornada con un pedido para incorporar como nueva prueba una investigación sobre la presunta oferta de un millón de dólares a otro detenido, Carlos Telleldín, para que involucrara a libaneses en el ataque terrorista.
Solla era uno de los coordinadores de las refacciones en la mutual de Pasteur 633 y la mañana del atentado salvó su vida porque tuvo una urgencia con sus hijos trillizos recién nacidos prematuros, internados en terapia intensiva de un hospital.
"Fui a la Amia todas las mañanas desde el comienzo de la obra, salvo el día de nacimiento de los trillizos, el 17 de mayo, y el del atentado, porque tuve un problema con ellos", recordó. Su cuñado, el arquitecto Andrés Malamud, era dueño de la empresa que se había adjudicado las refacciones y fue uno de los 85 muertos.
Solla trabajaba con él. "Yo estuve presente más de una vez cuando entraban bolsas de cemento o arena. Eran revisadas, algunas eran abiertas por personal de seguridad de Amia que pasaba el detector de metales sobre los materiales", señaló ante los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.
Los dichos de Solla sobre la seguridad de la mutual israelita parecieron una respuesta a muchos abogados defensores que sostienen que el edificio explotó desde adentro y que los explosivos estaban colocados en las bolsas de materiales, o bien en un volquete dejado por Santa Rita en la puerta, poco antes de las 9.53 del día del ataque.
"Entregamos listados de personal de la empresa GPI (a cargo de los trabajos) y cada subcontratista hacía lo mismo con su personal autorizado, estaba el nombre y el documento", señaló el testigo. También aseguró que en el horario en que la mutual judía abría sus puertas "había bastante gente de seguridad en la portería".
Al comienzo de la audiencia, José Ubeira, abogado del ex comisario Ribelli, pidió al Tribunal incorporar como nueva prueba una causa judicial que investiga una denuncia del reducidor de autos Carlos Telleldín, acusado de entregar la camioneta Trafic a un grupo de policías encabezado por Ribelli.
Telleldín denunció que, a fines de 1995, el ex represor Héctor Vergez lo visitó en la cárcel y le ofreció un millón de dólares para que involucrara a un grupo de libaneses en el ataque. Estos libaneses habían caído presos en Paraguay poco antes, y las autoridades del país vecino tramitaron una rápida extradición, pero en Buenos Aires se los liberó por falta de pruebas.
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La Ciudad
