La defensa de Carlos Menem promoverá en los próximos días una serie de acciones judiciales contra quienes complicaron al ex presidente en la venta ilegal de armas, y se descuenta que habría nuevos pronunciamientos de la Justicia en torno a un proceso que parece extinguirse.
Menem, que quedó libre el martes último tras 166 días de arresto domiciliario, y el empresario riojano Emir Yoma, que dejó la prisión el mismo día, esperan ahora que se dicte su sobreseimiento en la causa que instruye el juez federal Jorge Urso por las exportaciones de pertrechos bélicos a Ecuador y Croacia.
También el teniente general retirado Martín Balza, ex jefe del Ejército, y el ex ministro Antonio Erman González, que continúan detenidos, aguardan ser sobreseidos en el marco del proceso que conduce Urso, aunque su principal expectativa está centrada, obviamente, en conseguir que el juez en lo penal económico Julio Speroni les devuelva la libertad.
Sucede que el militar y Erman cumplen prisión preventiva por presunto contrabando y reclaman su liberación a Speroni, cuya actuación en el caso no ha sido parte del duro análisis que realizó la Corte respecto de las investigaciones por las maniobras.
En el estudio jurídico que encabeza Oscar Salvi, abogado de Menem, preparan una fuerte embestida contra quienes complicaron al riojano en la causa que aún tramita Urso. Entre ellos figuraría Esteban Caselli, quien fue embajador de Menem ante el Vaticano y que actualmente trabaja junto al bonaerense Carlos Ruckauf.
Urso, en tanto, no ha desistido de profundizar la pesquisa en torno al dinero ilegal que rodeó el negocio de las armas y por eso, según voceros judiciales, mantiene la convocatoria a Emir para que aclare -en una audiencia fijada para el 4 de diciembre- si gente de Yoma SA cobró en 1995 una transferencia de 200 mil dólares proveniente de la cuenta de Daforel en el MTB Bank, tal como reportó el financista Pedro Stier, ex presidente de Multicambio.
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en tanto, analiza el planteo mediante el cual Erman recurrió en queja a la Corte por el procesamiento que dictó en su contra Speroni el 23 de mayo pasado, cuando lo envió a prisión. Las conclusiones del juez fueron avaladas por la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y ahora debe expedirse el máximo tribunal.
Voceros de la Procuración afirman que Becerra demorará cerca de dos semanas en emitir el dictamen. Ese es, por otra parte, el plazo máximo que Balza cree que demorar las exportaciones de armas: el conflicto de competencia existente entre los jueces Urso y Speroni.
Luego, la sala II de Casación, integrada por los jueces Juan Fégoli, Pedro David y Raúl Madueño, resolverá a quién corresponde proseguir las investigaciones por el escándalo de las armas. Definirán, en realidad, si cada magistrado avanza en su propio sumario o si alguno de ellos se queda con lo que ha venido investigando su colega.
La Cámara Federal dispuso concentrar todos los sumarios en manos de Urso, pero Speroni se opuso a esa medida y la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico compartió ese criterio. Por eso ahora dirimirá el asunto Casación.
Niegan nuevo Pacto de Olivos
Mientras, el senador justicialista Eduardo Menem rechazó tajantemente que la libertad de su hermano haya sido consecuencia de un nuevo Pacto de Olivos alcanzado con Raúl Alfonsín: "Es una mentira infame, hecha con toda mala fe", dijo y aseguró que "Carlos Menem fue preso injustamente por la aplicación de una figura (la asociación ilícita) maliciosamente invocada por el juez (Jorge Urso) y el fiscal (Carlos Stornelli) que intervienen en la causa".
El legislador sostuvo entonces que "todo el mundo sabe que esa es una figura totalmente inaplicable para el ejercicio de la función pública, de actos de gobierno", porque -explicó- "fue creada para reprimir a las bandas que se arman nada más que para cometer delitos".
La Ciudad
