Editorial

La continuidad educativa

Mientras el gobierno parece decidido a romper la promesa de continuar pagando a los docentes el plus salarial conocido como incentivo y el gremio de los maestros amenaza con reponer la Carpa Blanca en la Plaza de Mayo, los niños continúan pagando el precio de los conflictos.
El deterioro educativo, constante por más de una década, no parece haber dejado a los protagonistas la enseñanza fundamental: los que pierden son los niños. Lo que varias generaciones de escolares no asimilaron en las aulas por causa de la decadencia educativa constituye un capital irrecuperable para el país.
Hoy, además de los problemas de arrastre de la caótica reforma educativa heredada del gobierno anterior, la mayor parte de las administraciones provinciales -Santa Fe, comparativamente, no está en la peor situación- cumple a medias sus compromisos salariales con los docentes y el resto de los empleados estatales.
Pero el atraso salarial, el pago con bonos, la omisión de aguinaldos castiga por igual a todos los gremios de trabajadores que dependen de las administraciones públicas. Ello cuestiona que sea precisamente el sector docente el que se coloque en lugar preponderante y replique la injusticia con permanentes medidas de fuerza, que sólo consiguen golpear el futuro de la niñez argentina.
El prolongado conflicto, latente el regreso de la carpa de los mil días, se agrava hoy porque en los planes de la cartera económica está la supresión del incentivo salarial que creó la ley 25.053 como un fondo especial financiado con un impuesto al transporte que fue muy resistido. Recién asumido el gobierno de De la Rúa, además de pagarlo prometió integrar al presupuesto los fondos que hacían falta para financiarlo y Ctera retiró del corazón porteño su tienda de campaña. El compromiso implicaba que una nueva ley de coparticipación contemplara su continuidad hasta 2003, aspecto éste que no se ha resuelto y motiva la nueva protesta docente.
Con el pensamiento puesto en los niños, es tan necesario que el reclamo sea atendido como evitar nuevas huelgas. Resulta inquietante que los 660 millones del incentivo 2002 no aparezcan en el proyecto que envió el gobierno al Congreso. Tampoco es sano defender a libro cerrado el sistema vigente, sin distinguir si quienes lo perciben están efectivamente frente al aula o tienen licencia. Debería, asimismo, reconsiderarse la situación del 43 por ciento de los 700 mil docentes que cobran el incentivo por duplicado, ya que se paga por cargo. También se podrían tener en cuenta parámetros como el rendimiento y la eficiencia, y priorizar a los que menos ganan.
Fórmulas de negociación existen: hace falta voluntad.