Santa Fe. - El Senado aprobó el jueves un proyecto de ley estableciendo un régimen de resolución de situaciones conflictivas originadas por canales de drenaje hidráulico clandestinos que alteren o modifiquen el escurrimiento natural de las aguas y causen un daño real o previsible. El autor de la iniciativa, Daniel Depetris, se basó en la situación originada con este tipo de casos en torno a la laguna La Picasa, aunque la norma, que pasó a Diputados para su tratamiento regular, es en general para cualquier caso que se encuadre dentro de su tipificación en toda la provincia.
Para ello fija a la autoridad municipal del lugar en donde se encuentre la obra cuestionada o sospechada, y a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, para cuando se trate de obras que se extiendan a más de un distrito, como órganos de controlar encargados de autorizar a las mismas y de aplicar las sanciones que correspondieren en caso de que se detecten violaciones.
Tres días para descargo
La norma tiene 18 artículos y prescribe minuciosamente el accionar que deberá aplicarse ante la denuncia de una obra clandestina. Sólo podrán denunciar y por escrito quienes acrediten legítimo interés sobre el bien afectado. Si el damnificado es el Estado, la denuncia la hará el titular del organismo que corresponde. El denunciado tendrá tres días para efectuar descargo una vez notificado.
Para los casos en que sea necesario, la norma prevé la realización de una pericia, la creación de una comisión técnica para los casos que deban ser resueltos por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas. Fija, además, a quiénes corresponderá pagar honorarios profesionales y gastos que previo a la ejecución del trabajo del perito fijarán las autoridades de aplicación.
La Ciudad
