Mientras el ex presidente Carlos Menem y sus ex colaboradores esperan que el juez federal Jorge Urso dicte su sobreseimiento en la causa principal por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, investigadores del fuero Penal Económico preparan nuevas indagatorias por presunto contrabando de material bélico y pólvora.
Oscar Camilión, quien fue ministro de Defensa cuando se iniciaron las investigaciones penales y en 1996 debió renunciar al cargo al ser imputado por la Fiscalía en la causa que instruye Urso, pidió ayer su definitivo sobreseimiento por la falsedad ideológica de los decretos del escándalo.
En los próximos días reclamarán idéntica medida el aún detenido ex jefe del Ejército Martín Balza y el también preso ex multiministro Antonio Erman González. Menem y el empresario riojano Emir Yoma, en tanto, descuentan que serán sobreseidos sin necesidad de requerirlo.
Balza cumple prisión preventiva por orden del juez en lo Penal Económico Julio Speroni, pero apuesta a que la Sala B de la Cámara de Apelaciones de ese fuero revoque la medida en las próximas semanas.
Erman González, por su parte, recurrió a la Corte Suprema en el marco de ese mismo proceso, aunque resta conocerse la decisión del máximo tribunal, que el martes liberó a Menem y Yoma al descartar la actuación de una asociación ilícita en el caso de las armas.
Pero Menem, Erman y Camilión serían convocados a declarar como acusados por Speroni en la nueva ronda de indagatorias que prepara el magistrado por las actuaciones que heredó de su colega Héctor Artabe.
Se trata de un expediente que ya transitó por las manos de varios jueces y que analiza la responsabilidad de los ex funcionarios en las exportaciones de fusiles y municiones a Ecuador que se produjeron al amparo del decreto 103/95.
La fiscal Alicia Sustaita rechazó la unificación de todos los expedientes que propuso sin éxito la Cámara Federal porteña, que había dispuesto concentrar las investigaciones en el juzgado de Urso semanas antes de que la Corte dejara sin efecto la mayoría de las imputaciones que pesaron contra Menem y sus colaboradores.
Pero Speroni ya resolvió arrogarse la competencia de las causas aún en trámite y se presume que la Cámara Nacional de Casación ordenará finalmente remitir a éste magistrado la totalidad de los sumarios.
Es que, en virtud de la decisión adoptada por el máximo tribunal, Urso redujo la pesquisa a "delitos insignificantes, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento", según reveló con resignación una fuente judicial.
Speroni, en cambio, investiga un ilícito grave como el delito de contrabando. Y por eso quedaría a cargo de su propia causa, de la que había recaído en el juzgado de Artabe y de la que instruye Urso desde marzo de 1995.
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La Ciudad
