El Estado perdió un gran juicio

La Corte Suprema confirmó un fallo que obliga al Estado a pagar unos 1.200 millones de pesos a cerca de un millar de ex trabajadores de YPF, que reclamaban por haber sido excluidos del Programa de Propiedad Participada (PPP) creado tras la privatización.
Los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez confirmaron una sentencia de una cámara laboral que reconoció el derecho de los trabajadores que dejaron de pertenecer a la empresa en 1992.
Tras la privatización de YPF los trabajadores conservaron un pequeño paquete accionario, en el marco del PPP. A partir de 1991, una larga serie de despidos redujo en alrededor de 22 mil el plantel de empleados, quienes cobraron sus indemnizaciones pero no las utilidades devengadas del capital accionario.