Editorial

El Senado que se va

El actual Senado de la Nación quedará en la historia política argentina como una gran caja de resonancia y no precisamente por los grandes debates de desarrollo regional e integral de país que le correspondía procurar, sino más bien por el mayor escándalo político de la última década, sembrado desde su propio ámbito y hasta ahora no aclarado debidamente. Al tal punto, que llegó a herir severamente la estabilidad institucional de la democracia, provocó la renuncia del vicepresidente de la República y generó una fuerte corriente de desconfianza en la ciudadanía sobre todo lo que oliera a política, aún hoy lejos de reponerse, y que quedó claramente expresada en los últimos comicios legislativos.
La saga de sospechas sobre coimas y beneficios a cambios de la aprobación de proyectos es de larga data, tanto como extensa es la lista de nombres involucrados. En este sentido, vale recordar a un prohombre santafesino, Lisandro de la Torre, quien desde ese recinto hizo público uno de los graves hechos de corrupción y contubernio en la década del 30, lo que le costó la vida a su par Enzo Bordabehere. Y volvió a conmover a los argentinos en los primeros meses del actual gobierno, cuando una denuncia sobre coimas para aprobar la reforma laboral involucró a legisladores del oficialismo y la oposición. La gravedad de lo sucedido tiñó a todo el recinto, por lo cual muchos senadores pagaron un costo que no les correspondía.
Sin embargo, no todo quedó allí y pese al impacto aleccionador la saga continuó. Un mes atrás, un grupo de legisladores decidió producir un incremento en los salarios del personal jerárquico, provocando escozor en la ciudadanía, inmersa en el fuerte ajuste aplicado por el gobierno para cumplir con el déficit cero. Ahora, el escándalo regresó con el senador santafesino Jorge Massat -sospechado de enriquecimiento ilícito y evasión impositiva- quien inició trámites para percibir una pensión transitoria de 2.700 pesos cuando finalice su mandato el próximo 10 de diciembre.
Desde luego, no se cuestiona la asignación, reservada para quienes carecen de otros ingresos, sino la actitud irritativa del senador, que se afirmó en su banca cuando toda la provincia le reclamaba que presentara la renuncia y ahora, sin escrúpulo alguno, solicita una pensión como compensación a la tarea desempeñada. Se trata de un acto reflejo de un político con una particular manera de servir a la provincia. Junto a otros, ha ocasionado un terrible daño a la democracia que tanto costó conseguir. Y ojalá sirva como parámetro de lo que no queremos. De una experiencia que no puede repetirse.