La policía en Brasil muchas veces recurre a profesionales de la tortura para obtener confesiones forzadas de los presos, reveló el viernes un activista a cargo de una campaña oficial contra el abuso policial.
Una campaña lanzada por el gobierno contra la práctica de la tortura generó denuncias en todo el país que pusieron en evidencia que fiscales del Ministerio Público, responsables de hacer cumplir la ley contra la tortura, han participado en sesiones de golpizas para obtener confesiones de los presos.
"Sabíamos que la tortura es un método comúnmente usado por la policía porque es más rápido para obtener una confesión", dijo Romeu Olmar Klich, director del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos.
"La sorpresa fue descubrir la presencia de torturadores entre los promotores de Justicia, porque es un sector del estado que debería estar empeñado en luchar contra la tortura", agregó el activista.
La campaña brasileña contra el abuso policial fue lanzada a finales de octubre con mensajes en los medios de comunicación para instar a la población a denunciar casos de abuso policial a un número telefónico de cobro revertido.
"El teléfono no para de tocar", dijo Klich, cuya organización es responsable del sistema de "disque-denucia".
La campaña fue lanzada para hacer cumplir una ley de 1997 que tipifica la tortura como un delito, y en respuesta a un informe de la ONU y otros de organismos de derechos humanos que alertaron sobre la gravedad del problema de abuso policial.
Cientos de denuncias
En su primera semana y media de funcionamiento, el sistema recibió 1.537 llamadas, de las cuales 185 configuraron casos de tortura que involucran a agentes de las policías civil y militar, así como vigilantes carcelarios.
"En algunas regiones se reportó la presencia de un torturador profesional, que no es el delegado ni el agente policial", dijo Klich. "El delegado requiere el servicio de una persona que presta el servicio de torturador para hacer confesar al preso".
Las denuncias también evidenciaron la participación de fiscales del Ministerio Público en las sesiones de tortura.
"Fue lo más sorprendente que surgió de las denuncias, hay promotores de Justicia que acompañan la tortura", dijo el activista.
Klich dijo que todos los casos están siendo investigados por representantes de las organizaciones de derechos humanos y del gobierno para identificar a los responsables de las torturas y asegurar que sean procesados.
Desde 1997, cuando Brasil aprobó la ley contra la tortura, fueron denunciados a la justicia 502 casos de brutalidad policial, pero sólo 40 llegaron a ser juzgados, y todos ellos acabaron caracterizados como casos de maltrato, que es una falta menor.
La campaña oficial contra la tortura contempla también la capacitación de jueces y abogados para enfrentar casos de tortura, y la instalación de una comisión con miembros del gobierno y la sociedad civil para formular un plan de combate al abuso policial. (Reuters)
La Ciudad
