Año CXXXIV
 Nº 49.293
Rosario,
miércoles  07 de
noviembre de 2001
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El juez Leiva está cada vez más cerca del juicio político

Juan Salinas

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura emitió ayer dictamen acusatorio contra el juez Luis Leiva, titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, por mal desempeño de sus funciones y presunta comisión de actos delictivos.
Los cuatro integrantes, es decir los dos representantes de los colegios de abogados Mario Gersenobitz y Fermín Garrote, y los del Poder Legislativo, el senador Augusto Alasino y el diputado Miguel Pichetto -ambos del PJ-, votaron por la positiva ya que están convencidos de que hay elementos suficientes para promover el juicio político del magistrado.
El dictamen acusatorio sostiene que hay motivos valederos para acusar a Leiva de mal desempeño de sus funciones en la inhibitoria que dictó para evitar el traslado de la causa del Banco de Mendoza a manos del juez federal de Buenos Aires Gustavo Literas, que originó un sonado incidente con la Corte Suprema.

Los casos
También señala que Leiva parece haber incurrido en mal desempeño de sus funciones al tramitar los casos Iaccopini SA y Alpina Motors SA; en la remisión por 24 días del menor Facundo Cabrera a un instituto penal de adultos; en un pedido de medidas improcedentes a la Cámara Federal, y en la autoinvestigación de un supuesto complot en su contra que derivó en una enorme serie de intervenciones telefónicas sin justificativo.
Del mismo modo, el dictamen concluye que el juez mendocino incurrió en hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho (en relación a un presunto pedido de coima al banquero Raúl Moneta por tres millones de dólares para mejorar la causa abierta por el Banco Mendoza), contrabando (por haber traído 52 maletines de cuero de Chile eludiendo la aduana) y malversación de fondos públicos (por los gastos indebidos en que habría incurrido para organizar un evento utilizando una partida remitida por el Ministerio del Interior).
Ahora este dictamen será tratado el 14 de este mes por el pleno del Consejo de la Magistratura, donde se necesitan los votos de dos tercios de los 18 miembros en actividad -es decir 12- para la promoción del juicio político del magistrado.
Los votos que decidirán el futuro de Leiva están en poder de ocho legisladores nacionales, cuatro jueces, cuatro representantes de colegios de abogados, académicos y un consejero del Poder Ejecutivo nacional.


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