La jueza en lo contencioso administrativo federal porteña Marta Emilia García, imputada por un juez por la presunta apropiación de bienes de víctimas de la dictadura, admitió ayer ante el Consejo de la Magistratura que colaboró pero "sin saberlo" con los otros acusados por ese hecho al trabajar "como practicante" en una escribanía donde se habrían cometido los ilícitos. La jueza afirmó que jamás pudo haber participado de manera consciente de esos episodios ya que, según reveló, tiene una hermana que fue montonera y fue detenida-desaparecida durante parte de la dictadura. García está sospechada por su actuación en una empresa vinculada a familiares del ex almirante Emilio Massera, a la que se habrían transferido bienes de empresarios que estuvieron detenidos en la Esma. El caso es el de la apropiación de campos, dinero y caballos, entre otros bienes, de Conrado Gómez, Horacio Palma y Victorio Cerrutti -socios en la empresa Cerro Largo, de Luján de Cuyo (Mendoza) y secuestrados por la dictadura- y están imputados, además, los ex militares Jorge Radice, Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón y Francis Whamond, entre otros.
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