Editorial

Pagos y protección policial

La inseguridad, pese a no ocupar en estos días el centro de las noticias, no deja de ser una de las preocupaciones prioritarias entre la ciudadanía. La crisis económica, reflejada en la caída de las ventas, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, también tiene su gravitación en el delito. Entre la gran franja de desocupados y desesperanzados, no son pocos los que se ven ganados por grupos de delincuentes, y lamentablemente llevados hasta el límite de exponer su vida o bien a quitársela al semejante. En consecuencia, existe un porcentaje en el crecimiento de la ilegalidad directamente relacionado a la situación socioeconómica. Y, como siempre, las principales víctimas de ese accionar delictivo suelen ser los pequeños y medianos comerciantes.
Nuestra ciudad no escapa a esta tendencia y, ante ello, vale reconocerlo, las fuerzas de seguridad han redoblado sus esfuerzos en los últimos tiempos para frenarla. Precisamente, La Capital publicó hace un mes aproximadamente estadísticas que demostraban la reducción de los índices del delito en la provincia y Rosario.
Pues bien, este perfil positivo contrasta con lo ocurrido en la seccional 9º de policía, donde un grupo de comerciantes, cansados de ser víctimas de asaltos, concurrieron procurando más seguridad y se encontraron con un panorama desolador, por las carencias de recursos que poseen. A tal punto, que las autoridades les detallaron con precisión todo lo que necesitaban que les proveyeran. Asombrados y muy a su pesar, los vecinos decidieron pagar un monto extra a la cuota de la cooperadora para que la seccional cuente con los móviles y el combustible necesario para recorrer la zona, entre otras cosas.
Se trata de una colaboración que no corresponde y que lejos de generar soluciones puede deparar mayores problemas en el futuro. Porque la seguridad no puede estar supeditada a la capacidad que posean los vecinos para reforzar con aportes extra las carencias del Estado. Una conducta de este tipo sostenida en el tiempo podría derivar en un mecanismo de extorsión para los vecinos. Pero además, generaría una situación injusta con los barrios de menores recursos, ya que éstos jamás podrán aportar para recibir seguridad.
El gobierno no puede saludar esta actitud de los vecinos como un acto solidario, porque en este caso la frontera entre solidaridad y cohersión resulta demasiado frágil, y lo que ha quedado verdaderamente expuesto son las necesidades que el mismo no cubre. Y si no es así, alguien está faltando a la verdad. Resulta imperioso entonces que se reflexione sobre lo ocurrido y se acuda a una salida en el terreno administrativo que corresponda. Aportará mayor seguridad a todos.