Reconquista.- El abogado que patrocina a los familiares de tres pescadores salvajemente asesinados en cercanías de la ciudad de Avellaneda, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado 2 de enero y conocido como "La masacre del Biguazal", pidió la nulidad de todo lo actuado por la Justicia hasta el momento al considerar que en el proceso "hubo violaciones a las normas constitucionales básicas".
La presentación la hizo Gabriel Hernández ante el juez de Sentencia a cargo de la causa, Nicolás Musse Chemes. A disposición de este magistrado se encuentra Carlos Cano, el único detenido por el episodio, quien de no prosperar el pedido de nulidad será llevado a juicio oral y público próximamente.
El triple homicidio fue perpetrado en una ranchada que Francisco Meza, de 59 años; su hijo Rafael, de 29, y Matías Bustamante, de 18, habían levantado en una zona ribereña conocida como El Biguazal, a pocos kilómetros del puerto de Reconquista, donde se disponían a pasar unos días de pesca. Los tres hombres fueron asesinados casi en forma simultánea a tiros y machetazos. Lo único robado fue un reloj pulsera que llevaba Rafael.
Cano fue apresado pocos días más tarde y en su poder se halló el reloj pulsera de Rafael Meza y una escopeta calibre 16 que según las pericias habría sido la utilizada para disparar el cartucho hallado en la isla. En tanto, hasta el día de hoy, se desconoce el móvil que habría llevado al acusado a cometer la masacre aunque entre las hipótesis se encuentra la de haber participado de una maniobra orquestada con fines de encubrimiento del o los verdaderos autores de la masacre.
Los familiares han solicitado que se indague a ocho hombres que consideran sospechosos, entre ellos un policía de Reconquista, quienes la noche del triple crimen estuvieron en las cercanías del lugar. También llegaron a descalificar las autopsias realizadas y denunciaron "una red oficial y particular de encubrimiento, ocultamiento y destrucción de pruebas".
Fundamentos del pedido
"Pedimos la nulidad de todas las actuaciones desde el inicio mismo de éstas porque consideramos que existen violaciones a normas constitucionales", dijo ayer el abogado Gabriel Hernández. Y sostuvo que "las irregularidades que se cometieron no solamente son graves sino también múltiples, y eso pone en crisis incluso hasta la situación del único detenido de la causa".
Al respecto, el patrocinante de los familiares de las víctimas manifestó que "las pruebas periciales están plagadas de nulidad, lo mismo que los secuestros de cartuchos y de escopetas que se han realizado en la causa, y creemos que antes de que se trate la posible responsabilidad de Cano, al que pedimos que se lo indague por encubrimiento, tienen que ser evaluadas todas las nulidades que denunciamos".
Para Hernández, "desde la óptica garantista del derecho uno no puede dejar pasar por alto cuando se detecta en un proceso penal irregularidades que violentan derechos amparados por garantías que están en la Constitución. Es preferible un culpable suelto que un inocente preso", sentenció cuando se le pidieron precisiones respecto a la postura de los familiares de las víctimas, que difieren acerca de la responsabilidad de Cano con la sustentada por el juez y la fiscalía.
La Ciudad
