Editorial

Nuevas licencias de TV abierta, otro golpe de inseguridad jurídica

En los próximos días el Poder Ejecutivo de la Nación dejaría sin efecto el plan de radiodifusión aprobado por el decreto 462 de 1981 -suspendido por el 1151 en 1984- y dispondría que la Comisión Nacional de Comunicaciones elabore en los treinta días posteriores un reordenamiento de las frecuencias de los servicios de televisión abierta para que luego, en otro plazo similar, el Comfer convoque a un concurso público destinado a otorgar nuevas licencias.
Una vez más el PEN, de manera desordenada y en los momentos aciagos que vive el país, impone una cuota de inseguridad jurídica, inclusive violatoria de la división de poderes que debe regir de manera equilibrada en cualquier democracia que se precie de tal. Ello porque, tomando para sí facultades legislativas que le son extrañas según el reparto de poderes que realiza la Constitución, pretende -con el decreto cuyo dictado persigue- desoír y desarticular todos los proyectos legislativos de reforma integral de la vieja ley de radiodifusión vigente (22.285) que están en trámite en el Congreso nacional y para cuyo tratamiento, según fuentes bien informadas, habría consenso cuando en marzo del 2002 comience el próximo período de sesiones.
Lo más grave es que la reglamentación que intenta dictar persigue solapadamente obtener una normativa a medida de grupos de comunicadores centralizados en Buenos Aires. No hay dudas que lo que se pretende en definitiva es legalizar la autorización para formar cadenas de televisión abierta en el interior y establecer repetidoras de los canales de Capital Federal. Esto traerá como consecuencia la desaparición de los canales de aire existentes en diversas ciudades, en una actitud inconsulta y a espaldas de los intereses del interior. Inclusive generará y aumentará la desocupación entre los trabajadores de los medios de comunicación ya existentes y, debido a la imposibilidad de competir en que se encontrarán los canales locales, traerá aparejada su ruina económica.
En el Congreso todos los bloques han presentado proyectos sobre el tema e intentan consensuar el texto de una ley que contemple los intereses de las provincias y de la Nación. Fácilmente se entiende, entonces, que el decreto por dictarse pretende burlar el trabajo legislativo y seguramente generará el inmediato rechazo del órgano depositario de la voluntad popular.