Los abogados ante los jueces y funcionarios "amparistas"

Lamentaron las acciones destinadas a sustraerse a los efectos de la ley de emergencia provincial

Bajo el título "La emergencia no discrimina ni debe discriminar", los colegios de abogados santafesinos emitieron una declaración a propósito del juicio que 101 integrantes del Poder Judicial, entre magistrados y funcionarios, llevan adelante contra la provincia por descuentos realizados en sus haberes en aplicación de la emergencia económica dictada durante el gobierno de Obeid.
El caso recobró notoriedad la semana pasada, cuando los así llamados "amparistas" -denominación que deviene de haber utilizado la vía del recurso de amparo para llevar adelante su demanda- embargaron al Estado por 1,3 millón de pesos, en el expediente caratulado "Rosso, Juan Rodolfo, contra la provincia de Santa Fe", en el cual plantearon la inconstitucionalidad de la ley de emergencia económica y previsional 11.696, de octubre del 99.
La pretensión de los "amparistas", luego de atravesar por instancias judiciales que incluyeron un paso por la Corte Suprema, fue acogida por un conjuez, quien declaró que la norma colisionaba con los artículos 110, 120, 1º, 5 y 31 de la Constitución nacional y 1º y parte del 88 de la provincial. Entre otros argumentos, los "amparistas" habían negado en su demanda la existencia de una verdadera emergencia y atribuido la crisis a una mala administración. La fiscalía, por su parte, había argumentado que el déficit público era "notorio" y que existían "límites" a la revisión jurisdiccional de la emergencia declarada.
En su crítica declaración, las cinco instituciones de la abogacía provincial, sin avanzar sobre tales argumentos, manifiestan que "recogiendo el sentir de sus colegiados, imbuidos del principio constitucional de igualdad ante la ley, no pueden dejar de lamentar el ejercicio de peticiones jurisdiccionales provenientes de un reducido grupo de magistrados judiciales que pretenden sustraerse a los efectos de la ley de emergencia provincial, frente a los cuales ningún sector social puede sentirse ajeno".
Al fundamentar el cuestionamiento, la declaración sostiene que "elementales razones de equidad y solidaridad social tendrían que haber primado sobre intereses particulares secundarios, para suscitar en la sociedad el sentimiento de respeto hacia el Poder Judicial en cuanto es la última garantía de los ciudadanos para la defensa del Estado de Derecho".