Santa Fe. - Fueron detenidos en la mañana de ayer los dos presuntos autores materiales del atentado contra un colectivo de pasajeros perteneciente a la línea 4 del transporte urbano santafesino, que fuera incendiado diez días atrás por los malvivientes que actuaron a cara descubierta en momentos en que circulaba con varias personas a bordo. Mientras la policía desplegaba un amplio operativo en el que se incluía una serie de allanamientos, en el cementerio local eran inhumados, en medio de grandes muestras de dolor y reclamos de justicia, los restos de Cristian Miño, de 29 años, quien falleció en la madrugada del domingo tras una semana de agonía, como consecuencia de las gravísimas quemaduras que sufrió durante el atentado. En tanto, el otro herido, Mario Guillerón, de 21, sigue recuperándose en una sala especial del hospital Cullen.
El operativo policial realizado ayer fue conducido personalmente por el jefe de la policía de la provincia, comisario José Storani, y el titular de la Unidad Regional I, Alberto Ferrero, quienes estuvieron al frente de los efectivos del cuerpo de Tropas de Operaciones Especiales (TOE).
En este marco, fueron arrestadas cinco personas, de las cuales se sindican como presuntos autores del hecho a los identificados como Claudio Sebastián Muga, de 19 años, y a Miguel Angel Romero, de 24 años, quienes se desempeñarían como recaudadores informales de la empresa de transporte Servitur. Precisamente en esta firma, que brinda sus servicios a lo largo de la zona costera santafesina, se generó un conflicto gremial el 30 de julio pasado, que derivó en un confuso enfrentamiento entre grupos antagónicos y durante el cual perdiera la vida Cristian Buscaroni, un colaborador personal del empresario Diego Tibaldi.
Si bien representantes de esta empresa, así como de su similar Interbus, buscaron instalar en la opinión pública la idea de que el incendio del colectivo pudo tratarse de un autoatentado, las detenciones de Muga y Miranda desalienta esta alternativa y en cambio compromete en forma importante a Tibaldi. En este sentido, el subjefe de la Unidad Regional I, Osvaldo Miranda, relacionó a dos de los detenidos con ese atentado y con el enfrentamiento acontecido el 30 de julio pasado.
En cuanto al atentado que derivó en la muerte de Miño, cabe recordar que fue el tercero perpetrado en menos de ocho días contra las unidades de la línea 4, perteneciente a la empresa Transporte San Jerónimo. En el hecho registrado el pasado 28 de octubre, el colectivo resultó incendiado con una bomba incendiaria tipo Molotov de fabricación casera que causó heridas a Miño y a Guillerón, quien aunque permanece internado en una sala del hospital José María Cullen, ha registrado una buena recuperación de sus lesiones.
Más detenidos
Además de Muga y Romero, los otros tres detenidos fueron identificados como Miguel Moreno, de 32 años; Ignacio Martín Iturraspe, de 27, y Marcelo Cáceres, de 28. La policía practicó ayer diversos allanamientos en pasaje Irala 4414, Córdoba 4049 (donde vive la madre de Romero) y en la vivienda de este último, en Alberdi 3930. Allí habrían secuestrado varios elementos considerados como importantes para la causa, que incriminarían al morador como el autor material del atentado, con lo cual podría quedar imputado en una causa que se podría caratular como de daño seguido de incendio y homicidio.
El comisario Miranda sostuvo además que en los "en dos allanamientos que se practicaron en los barrios capitalinos de Barranquitas y San José se logró la detención de dos personas a las que se considera estar virtualmente implicadas en forma casi directa con el último atentado contra una de las unidades que pertenecen a la línea 4". El jefe policial también recordó que los nombrados Muga y Romero tuvieron alguna participación en los hechos ocurridos en el barrio Colastiné y durante los cuales Buscaroni sufrió gravísimas lesiones que determinaron su muerte, y por los cuales se encuentran procesados por lesiones graves dolosas.
Las sospechas
Por otra parte, no se descartaba hasta las últimas horas de ayer que Romero haya sido la persona que concurrió a un comedor de Santa Fe a fin de averiguar si el mismo era propiedad del abogado César Rosman, uno de los letrados del propietario de la línea 4. El frente del local donde funciona el estudio jurídico de Rosman sufrió también un atentado con una bomba tipo Molotov.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos por la policía provincial, e hizo públicas sus excusas por no haber podido ser muy explícito con los diputados santafesinos cuando se reunió con ellos para tratar el espinoso tema el pasado miércoles.
El secretario general de la seccional local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Jorge Kiener, viene sosteniendo desde hace días que estos atentados "deben vincularse al endeudamiento y venta de las empresas, entre otros temas", aunque no dio más precisiones.
La Ciudad
