Tres personas fueron detenidas mientras participaban ayer de los remates de un departamento y un salón. Los arrestos en la sede de la Asociación de Martilleros de Rosario fueron ordenados por la secretaria del juzgado Civil y Comercial Nº1, Viviana Cingolani, quien interpretó que los dos hombres y la mujer que terminaron en la comisaría 3ª intentaron impedir la subasta. "Esta es la primera vez que terminan deteniendo a alguien por estar presente en un remate", protestó el titular de la Asociación de la Vivienda Unica, Marcelo Bonini. El incidente reavivó la polémica desatada tiempo atrás, cuando se pretendió sacar los remates de ese lugar y hasta se pensó en realizarlos en la vieja Jefatura de Policía (Santa Fe y Dorrego).
En la sede de la Asociación de Martilleros, ubicada en Entre Ríos 238, se llevaron a cabo ayer tres remates consecutivos. En el primer caso se subastó un edificio en construcción. Pasadas las 17.30 se pusieron a la venta un departamento y un salón.
Un grupo de personas pertenecientes a entidades intermedias, tales como la Asociación en Defensa de la Vivienda Unica, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Asuserfi) y la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) participaron de la subasta que se realizó por orden del juez Civil y Comercial Nº1, Jorge Scavone.
Cuando se inició el acto en el que se ponía a la venta un departamento ubicado en 8º piso del edificio de Juan Manuel de Rosas 987, los asistentes comenzaron a cantar el Himno Nacional. Luego, y viendo que la secretaria del juzgado estaba dispuesta a abrir la puja de ofertas, se volvió a entonar el Himno. En ese momento, y por orden de Cingolani, cinco policías sacaron del recinto a una mujer. "Me llevan por cantar el Himno", gritó la detenida mientras era subida por la fuerza a un patrullero de la seccional 3ª. Poco después la escena se repitió con Antonio Latucca y Daniel Prete, quienes también fueron a parar a la comisaría de Dorrego al 100.
"La secretaria Cingolani ordenó detenerlos por tratar de impedir un acto judicial", explicó el comisario Eduardo Aucar, subjefe de la seccional 3º.
Un amplio despliegue policial cortó el tránsito en Entre Ríos y Salta. Casi una decena de móviles y una treintena de efectivos se dieron cita en las puertas del local de los martilleros, armados con escudos, bastones y armas antidisturbios. "Vamos a implementar este tipo de operativos hasta que tengamos la seguridad de que estos actos públicos se puedan realizar libremente", explicó Aucar, y aclaró que las órdenes fueron emanadas del jefe de policía, Carlos Milicic.
"Una angustia inmensa"
"Cuando a uno le rematan la casa y el galpón que representa su fuente de trabajo, la angustia es inmensa, inclusive es mayor que el pensamiento", explicó Rubén Roldán a pocos minutos de terminar la subasta.
El hombre, de 64 años, que ayer creyó que perdía su departamento y el local en el que tiene instalado un lavadero, logró recuperar los inmuebles. "Gracias a la ayuda de mis amigos pude pagar 15 mil pesos por el departamento y otros 30 mil por el galpón", dijo llorando Roldán, quien minutos antes había disparado contra el Banco Municipal, donde tuvo un crédito que terminó llevándolo a la quiebra.
Minutos antes de iniciarse la subasta y mientras se remataba un edificio en construcción, un matrimonio se retiró del lugar. "Nos presionaron para que no hiciéramos ninguna oferta", protestaron, y recalcaron que eran los únicos que habían sido "intimidados" para no comprar.
De todos modos, la transparencia del acto podría quedar garantizada si los jueces permitieran el libre acceso de la prensa.
La Ciudad
