Consumir es hacer patria. Ese es el lema que el presidente Fernando de la Rúa repite en cada paquete de medidas que anuncia desde el inicio de su gestión. La realidad de bajos ingresos, desocupación e incertidumbre laboral conspiró hasta ahora con la posibilidad de cumplir con ese deber nacional. Con el plan anunciado el jueves, el gobierno espera cambiar la historia.
La llave es la rebaja temporaria de 6 puntos en los aportes que los trabajadores realizan al sistema de jubilatorio, tanto público como privado y la rebaja de cinco puntos del IVA a quienes compren con tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldos.
Según los cálculos del equipo económico, la rebaja de aportes del 11% al 5% durante un año (prorrogable por otro año más) inyectará 220 millones de pesos mensuales extra a los bolsillos de los trabajadores cuyos patrones cumplan con el traslado al sistema previsional de la retención que le hacen sobre salario. La medida alcanza a unas 4 millones de personas.
La iniciativa significa una apuesta fuerte porque el grueso de los fondos a liberar está administrado por las AFJP, las que a su vez están involucradas en el canje de títulos públicos. Las administradoras están entre las principales acreedores del Estado.
Para los trabajadores del sector privado es una especie de autopréstamo ya que la rebaja de aportes significará en principio una reducción de los haberes que cobrarán cuando se jubilen.
Una de las incógnitas, que el decreto difundido por el gobierno no termina de resolver, es el de las comisiones que cobran las administradoras ya que de mantenerse el sistema actual (3 o 3,5% del sueldo), el porcentaje del aporte que va a la cuenta de capitalización bajaría aún más.
Las medidas de estímulo al consumo incluyen también la devolución de cinco puntos del IVA para quienes paguen con tarjetas de débito originadas en cuentas, y de 3 puntos para el resto de las tarjetas de débito. Además, el decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa le pone límites a las comisiones que les cobran las emisoras de tarjeta a los comerciantes.
La medida también es parte de la intención del gobierno de generalizar la bancarización de los consumidores, de modo tal de lograr paralelamente un mayor control impositivo y previsional.
La obsesión por las tarjetas de débito alcanza también al nuevo esquema de asistencia social. El gobierno pretende simultáneamente ajustar las prestaciones del Estado en la materia pero alcanzando a un universo más amplio de personas. Es decir, repartir menos a más.
Un nuevo gasto social
La plata de los planes sociales y de empleo actualmente en vigencia (incluidos los que se giran a las provincias por el compromiso federal) pasará ahora al recientemente creado Sistema Integrado de Protección a la Familia (Siprof).
Los ejes principales de este sistema serán la instrumentación de una asignación familiar por hijo de 30 pesos por mes a familias que tengan ingresos menores a mil pesos, una asignación similar por hijos con discapacidad (familias con ingresos menores a 2 mil pesos) y becas para estudiantes de educación media por 400 pesos anuales. Estas asignaciones serán universales y abarcarán tanto a desocupados, trabajadores en blanco y en negro.
Además, el sistema contempla un pago de 100 pesos mensuales a los mayores de 75 años que no tengan ningún ingreso y se mantiene la asignación de 15 pesos por cónyuge para los jubilados y los que ganan menos de 1.500 pesos.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, aseguró que los cambios en el sistema de atención social (que se completan con reducción y centralización de reparticiones) generarán un ahorro de 500 millones de pesos.
La ingeniería es fina y así como se amplía la cobertura se limitan, o directamente caen, otras prestaciones y asignaciones familiares. El programa demandaría más de 3 mil millones y entraría en vigencia el año próximo. Todos los pagos se realizarán a través del sistema bancario con una tarjeta de débito, cuyo tenedor recibirá la devolución del IVA al momento de realizar sus compras.
Las medidas de aliento al consumo y la reformulación del sistema de seguridad social no ocultan la inminencia de un fuerte ajuste en la administración pública, que se conocerá cuando ingrese el nuevo proyecto de presupuesto al Congreso.
La Ciudad
