El ministro de Economía, Domingo Cavallo, estaba sin un peso, acorralado y políticamente solo. Entonces decidió ponerse la dinamita al cuello y tomar a todos de la mano. La fuerza de las circunstancias lo llevó a enfrentar un tema tabú en la última década: afectar la rentabilidad del sistema financiero a través de una reducción de la deuda pública, tan voluntaria como la posibilidad de no cobrar nunca si se resisten a la operación.
La medida para ahorrarse 4 mil millones de dólares en concepto de pago de intereses durante el año 2002 es el eje de un paquete económico que incluye medidas de estímulo al consumo (rebaja transitoria de aportes de trabajadores a las AFJP), salvataje de empresas en crisis y reasignación del gasto social. Déficit cero, reducción de deuda y reestablecimiento de la confianza en el crecimiento de la economía es la apuesta final del gobierno de Fernando de la Rúa para forzar, por la vía de los hechos, el consenso que hasta el jueves pasado le escamotearon gobernadores, banqueros, empresarios y organismos internacionales.
El esquema de renegociación de la deuda no sólo toca los intereses de los acreedores, sino que involucra temas vinculados con las provincias, las empresas y los mismos consumidores, a los que el gobierno exigió que gasten, ahorren y crean casi como una responsabilidad patriótica.
La interdependencia de las medidas es la llave del ministro Cavallo para forzar el "nuevo contrato social" que el presidente Fernando de la Rúa describió en su discurso.
A los acreedores, nuevos bonos; a las provincias, Lecop; a los empresarios, licuación de pasivos, y a los consumidores, confianza.
"Llegó la hora de atacar el costo de la deuda", señaló Cavallo en el discurso que brindó en el Banco Nación. El monto que está en juego es de unos 57 mil millones de dólares y abarca obligaciones de la Nación y las provincias.
La propuesta es cambiar los títulos de deuda, sin quita de capital, por préstamos o bonos garantizados con la recaudación, siempre y cuando los tenedores acepten reducir la tasa de interés al 7 por ciento anual o una tasa flotante de Libor más 300 puntos. En el caso de las obligaciones que vencen durante el año 2003 se requerirá además una extensión de plazos.
El trueque se ofrecerá a entidades financieras, fondos de inversión, compañías de seguros y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, así como a todas las "personas físicas o jurídicas que sean tenedores de títulos públicos, bonos o Letras del Tesoro" que elija el gobierno.
Las garantías que ofrece son el porcentaje de la coparticipación federal de impuestos que le corresponde a la Nación y el impuesto al cheque, lo cual obliga a mantener calmados a los gobernadores que amenazan con impulsar en el Congreso una ley que coparticipe ese tributo.
El ministro se atajó frente a esto: en caso de que estas garantías sean afectadas por algún poder público, el canje se cae y resucitan los bonos viejos.
El ministro Cavallo no lo dijo abiertamente, pero al vincular la seguridad de los acreedores con la solvencia del Estado argentino prácticamente dejó en claro que la alternativa a este plan es el default. Así, intenta convencer a los bancos y a las AFJP de que acepten su propuesta.
A las provincias les ofrece la posibilidad de refinanciar al 7 por ciento unos 22.400 millones de dólares de deuda por la que hoy pagan tasas muy superiores al 20 por ciento. A cambio, tendrán que ponerse para la garantía con parte de la coparticipación federal.
Canje de cabotaje
El decreto que regula el canje dispone el inicio de gestiones para conseguir avales internacionales y ampliar los alcances de la operatoria. Esta es la parte más difícil ya que en los días previos a los anuncios, el jefe del Palacio de Hacienda, recibió una rotunda negativa del Departamento del Tesoro norteamericano para forzar al Fondo Monetario a extender fondos adicionales con ese objetivo. Más aún, condicionó el desembolso de la ayuda otorgada en agosto pasado (incluidos 3 mil millones para financiar el canje de pasivos) al cumplimiento del déficit cero y un acuerdo fiscal con los gobernadores.
Horacio Liendo, asesor del Palacio de Hacienda, dijo que la estrategia elegida abreva "en las mismas sugerencias que realizó el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, en agosto pasado". Esto es: hagan y después vemos.
Economía pretende completar la primera parte de la operación en unos tres meses y, una vez que que la renegociación esté en marcha, los acreedores que entren en el plan original podrán pasarse tranquilamente.
El G-7 que nuclea a los países más ricos y el Fondo Monetario Internacional dieron el viernes un tibio apoyo a las medidas. De ahí a que pongan plata, todavía hay un trecho.
Cómo rescatar títulos
En su interés por rescatar la mayor cantidad posible de bonos de deuda, el gobierno también diseño otras estrategias.
Por un lado, avanzó en la modificación del Código Civil para permitir el pago de impuestos y tasas con títulos. Otra fórmula es a través del saneamiento de las deudas financieras de las empresas. Este mecanismo permite a las empresas cancelar su pasivo financiero comprando un bono a su valor real y entregándolo al banco a valor nominal (a precios actuales, una licuación cercana al 50%). La entidad, a su vez, lo canjea por un título con la nueva garantía.
De esta forma el gobierno también busca comprometer a los bancos en la reestructuración del pasivo de las empresas, sobre todo la pymes que no tienen el cash para comprar los títulos.
El propio Cavallo señaló que el sistema financiero tiene créditos en mora o incobrables por 7 mil millones de pesos. La refinanciación de esos pasivos -aseguró- permitiría incluso mejorar la calidad de sus activos y, por ende, sus resultados contables.
Otros 8 mil millones son los que debe el sector privado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En función de destrabar la situación de cesación de pagos en la que se encuentra toda la economía, el gobierno dispuso una amplia moratoria impositiva y previsional para compromisos impagos al 30 de septiembre último.
Podrán ser ingresados a este régimen de pago los impuestos por aportes personales, contribuciones patronales, monotributo y honorarios profesionales sobre las ejecuciones fiscales. Por supuesto, también se aceptan títulos de deuda para cancelar las obligaciones.
Se habilitó también un régimen de capitalización de deudas fiscales, con tufillo a estatización de pasivos.
La Ciudad
