Investigan si Decibe cometió fraude con contrataciones

La ex ministra de Educación Susana Decibe declaró como imputada por supuestas irregularidades en contrataciones que suscribió en su gestión durante el gobierno de Carlos Menem. Acompañada de su abogado defensor, el ex ministro de Justicia León Arslanian, la ex titular del Palacio Pizzurno compareció ante el juez federal Gabriel Cavallo y el fiscal Carlos Cearras.
Días atrás, Decibe se retractó mediante una solicitada de aseveraciones que hizo al asumir el cargo cuando dijo que en el Palacio Pizzurno encontró hasta casos de prostitución. La marcha atrás fue en el marco de un juicio que le entabló su antecesor Antonio Salonia.
Ahora Decibe está imputada de supuesto fraude a la administración pública porque habría contratado directamente, sin necesidad y por duplicado y triplicado los servicios del encuestador Hugo Haime.
También están imputados en la causa el propio Haime, el ex ministro de Educación, Manuel García Solá, y el el ex subsecretario de administración de la cartera José Elisardo Fortes.
García Solá asumió haber firmado los contratos cuestionados, pero descartó cualquier irregularidad y aseguró que resultaban necesarios para la política educativa.
Decibe había conseguido una prórroga en la indagatoria prevista inicialmente para el pasado jueves 25, pero ayer por la mañana se presentó en Comodoro Py e ingresó a bordo de un automóvil directamente al garaje subterráneo para eludir la guardia periodística.
Según los investigadores, Fortes era el encargado de adjudicar a Haime los estudios y en el expediente hay una nota en la que éste le habría dicho al primero que "de acuerdo a lo conversado telefónicamente" le enviaba el presupuesto "para los estudios de opinión pública".
El papel de Decibe y García Solá era el de autorizar aquellos gastos, que habrían ascendido a unos 700.000 pesos, y se homologaron a la vez que los ciudadanos debían hacer frente al polémico impuesto del Fondo Nacional de Incentivo Docente destinado a mejorar el salario de los maestros.
La denuncia original fue radicada por la Oficina Anticorrupción, que consideró que los funcionarios actuaron beneficiando un interés privado y contrataron estudios que no se usaron en "ninguno de los programas desarrollados por el ministerio".