Año CXXXIV
 Nº 49.283
Rosario,
domingo  28 de
octubre de 2001
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La estolidez de la clase política
La dirigencia, deslegitimada en las urnas, se muestra impotente en este momento decisivo. Hay un plan posible

Antonio I. Margariti

La economía argentina está paralizada y ese estancamiento se ha acentuado peligrosamente desde las elecciones legislativas, porque a la claridad del mensaje de diez millones y medio de electores -que no fueron a votar o anularon su voto en signo de protesta- la clase política ha respondido con una estolidez suprema.
Estolidez es el término más apropiado para definir el grave momento que vivimos, porque significa la falta absoluta de entendimiento de un problema y de sensatez para resolverlo. Estólida es la persona incompetente que ocupa un cargo sin saber qué hacer y por eso se comporta como necia, imprudente, inconsiderada, fatua, lerda, torpe y obtusa, demorando las decisiones y no alcanzando a elegir ningún rumbo correcto o erróneo. Todas estas características negativas de la estolidez política se han hecho públicas en estos días de conciliábulos, de dilaciones inexplicables, de anuncios presidenciales incumplidos, de viajes secretos fallidos, de proyectos irracionales y de rumores de todo calibre. Un país entero no puede permanecer en vilo tanto tiempo y entonces espera que ocurra algo contundente: la dolarización o la devaluación, seguida por el default. Así están dados hoy los términos de este momento que parece terminal para el gobierno de Fernando de la Rúa.

Inconsecuencia política
Si el análisis económico excluye estos aspectos decisivos no sólo será imposible entender lo que nos pasa sino, lo que es peor, encontrar el camino acertado para salir del infierno.
Todos los que componemos la sociedad civil sabemos que la clase política ha sido puesta contra el paredón, que la mitad de los cargos electorales debieran haber quedado vacíos porque la mitad del electorado fue contundente en manifestar que no se sentía representada por ningún postulante y que los repudiaba a todos. Sin embargo como el 100 % de los cargos han sido ocupados debe deducirse que la mitad de los nuevos senadores, diputados y concejales no son otra cosa más que intrusos. Ante los ojos del pueblo -que es el único soberano de la democracia- esta ocupación de las bancas luce como un acto ilegítimo. De manera que si los políticos siguen manteniendo una actitud estólida, el resultado del reciente acto eleccionario puede comenzar a ser visto como el comienzo de un cambio institucional: el desconocimiento de la legitimidad de las bancas ocupadas.
De paso es importante destacar que un origen bastardo sólo se puede enmendar con actitudes humildes y un ejemplar desempeño posterior. Pero las expresiones y las posturas del gobierno nacional, los legisladores y gobernadores reunidos en Buenos Aires, han sido decepcionantes: ninguno de ellos reconoció sus culpas, ninguno propuso enmendarse, ni tampoco intentaron balbucear ideas para ajustar sus gastos haciendo frente a una situación terminal. Por el contrario, todos plantearon sus derechos pero callaron acerca de sus obligaciones, exigieron más plata sabiendo que no existe y reclamaron fondos a un gobierno central que pretendió entregarles papeles sin valor para reservarse el poco dinero que recauda.
Ninguno de ellos tuvo el gesto de grandeza ni la lucidez suficiente para comprender que no pueden seguir gastando alegremente cuando carecen de crédito público, no logran aumentar la recaudación impositiva, tienen la amenaza internacional de ser declarados en quiebra y no pueden emitir dinero. Los más encumbrados personajes políticos de esta Argentina humillada y malherida parecían comportarse como una patota de irresponsables que se estaban empujando hacia el abismo.
Si los desaciertos del presidente, legisladores y gobernadores siguen a la orden del día, al rechazo de las candidaturas seguirá el menosprecio de lo que ellos hagan, que es algo tan esencial como sancionar leyes, respaldar decretos y disponer ordenanzas. Por lo tanto podríamos enfrentarnos próximamente con un fenómeno nuevo: la paulatina indiferencia y desintegración de las normas legales que aseguran el orden social. El grave riesgo que corremos los argentinos es comenzar a vivir fuera de la ley y entonces el estado de anarquía sería inminente.

Plan alternativo
En estas extremas circunstancias que está pasando el país, la clase política por boca de sus voceros más representativos nos presenta opciones decepcionantes: el presidente no atina a definirse ni inclinarse en ningún sentido y en consecuencia no hace nada; Alfonsín insiste en abandonar la convertibilidad y en el eufemismo de la reestructuración consensuada de la deuda pública; Duhalde coincide con la misma idea de Alfonsín pero atada a una convertibilidad con tipos de cambios flotantes; Cavallo ha experimentado en carne propia el fracaso de todas sus estrategias y se encuentra maniatado por la política del déficit cero; los gobernadores no saben exigir otra cosa más que el cumplimiento de un pacto imposible de cumplir; y los grupos contestatarios exigen terminar con el modelo económico al que no saben definir y sin saber explicar qué proponen en su lugar.
Pero entre la devaluación y la dolarización todavía puede existir un plan alternativo, que los políticos no alcanzan a vislumbrar porque su atención está centrada exclusivamente en sus intereses individuales y los de su camarilla. Se trata del punto de vista de la sociedad y no del Estado. Esa sociedad se está comportando de una manera racional: retira los depósitos en pesos y los convierte en dólares, por ahora mantiene sus depósitos en la divisa norteamericana, colma las cajas de seguridad, abulta sus colchones y envía los dólares obtenidos a cuentas bancarias externas. La suma de estas millones de decisiones microeconómicas alcanza una cifra colosal: tanto como la deuda pública. Por lo tanto si los gobernantes se pusieran a pensar en los problemas de la sociedad civil y no en los intereses del Estado, advertirían que allí puede estar la salvación de todos. En lugar de abandonar la convertibilidad podrían ratificarla mediante una ingeniería financiera tan inédita como inédito es nuestro caso. Se trataría de negociar la emisión de nuevos billetes convertibles firmados por las autoridades del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza. Este banco, de la máxima integridad mundial, podría hacerse cargo de aquellas inversiones financieras que los argentinos tuvieran en el exterior siempre que decidieran ponerlas bajo su custodia.
Los fondos se mantendrían en los mismos bancos donde están ahora, con su misma titularidad y anonimato, pero quedarían afectados como respaldo de una emisión de dinero convertible que sería entregado en cualquier oficina bancaria de nuestro país. De esta manera veríamos circular dos clases de billetes convertibles, exactamente del mismo valor: los que están firmados por nuestro Banco Central y los que estén rubricados por las autoridades del Banco de Basilea, Suiza.
Claro que el gobierno argentino tendría que garantizar, mediante leyes sabias, que esos fondos no van a tributar impuestos a los bienes personales, ni a las rentas presuntas, ni a las ganancias y que podrán ser aplicados legítimamente a cualquier proyecto de inversión en Argentina, pudiendo recuperar los fondos del exterior mediante su simple presentación en cualquier banco adherido. De este modo se produciría el fenómeno contrario al que está provocando la política del ministro Cavallo: en lugar de disminuir dramáticamente, aumentaría la cantidad de dinero circulante y ello beneficiaría a las personas más humildes que son las que no poseen tarjetas de crédito ni cuentas bancarias. La abundancia de billetes convertibles, fruto de este plan alternativo, permitiría pagar nuevos sueldos y generaría mayor cantidad de trabajo sin recurrir a la bancarización forzada y ello provocaría un incremento de los capitales disponibles para poder ocupar a la mano de obra adicional. El aumento de la productividad sería inmediato y todo el país experimentaría una increíble sensación de alivio. Claro que para elegir un plan alternativo de esta naturaleza hay que pensar y actuar con espíritu de grandeza: abandonar los criterios de persecución fiscal vigentes en estos momentos, reformar las estructuras administrativas de todo el sector público y proceder a una profunda reforma impositiva estableciendo sólo dos impuestos a una tasa que la sociedad pueda pagar: uno a la renta global de las personas y otro al valor añadido líquido de las empresas. Pero este plan alternativo podría ser sólo el sueño de una noche de verano si persiste la estolidez de nuestra clase política y entonces sólo quedará la opción entre dos males: la dolarización o la devaluación pero ambos con riesgo de default. Así están hoy las cosas. Esperemos que un rayo de luz ilumine la mente de nuestros gobernantes y mueva sus conciencias.


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