Al tanto de que el nuevo plan podría constituirse en la última bala de plata del gobierno, Fernando de la Rúa decidió postergar para mañana o pasado los esperados anuncios. La necesidad de profundizar aspectos técnicos de las nuevas medidas obligó al presidente a posponer la difusión del paquete que, según todo indicaba, ocurriría hoy. La postergación viene de la mano de dos iniciativas oficiales: proponer a los acreedores una reestructuración del pago de los servicios e intereses de la deuda externa, y a los gobernadores mejores términos en el reparto de la coparticipación.
La reprogramación voluntaria de la deuda externa argentina contaría con el aval de Estados Unidos, según confiaron anoche fuentes oficiales. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, mantuvo una conversación telefónica con el subsecretario del Tesoro norteamericano, John Taylor, quien habría dado luz verde al planteo de esa alternativa económica.
Las fuentes dijeron que ese guiño podría ser el as que los cavallistas aseguraban había traído su jefe desde Nueva York, a pesar del deliberado hermetismo que el ministro mantuvo en las últimas horas en torno a su periplo norteamericano.
Tras una agotadora jornada de negociaciones en la quinta de Olivos y en Economía, las autoridades habrían conseguido que el FMI adelante un desembolso del crédito stand-by por 1.200 millones de dólares, que se haría efectivo durante noviembre. Este anticipo permitiría que la Argentina acceda a otros tres mil millones de dólares correspondientes a una garantía otorgada por los organismo multilaterales de crédito y destinada a la recompra de títulos de la deuda.
Más allá de las operaciones estrictamente financieras, la intención del gobierno es contar con una amplia base de fondos de garantía para comprar títulos del Tesoro americano que constituyan un respaldo a la operación de canje de deuda. Al mismo tiempo, las autoridades buscan que el Banco Mundial y el BID otorguen otros seis mil millones de dólares como garantías colaterales para hacer un soporte a la recompra de la deuda. Con esta jugada, el gobierno espera reunir una masa crítica de unos diez mil millones de dólares que servirán de colchón para girar la propuesta a los acreedores.
En el caso de la negociación con las provincias, el gobierno ofrecerá mejores condiciones en el pago de las deudas acumuladas por la coparticipación, por lo cual se espera que el lunes las autoridades nacionales convoquen a los gobernadores a discutir el último tramo de la negociación.
Pero la jornada de ayer depararía otra sorpresa: se reanudarán las negociaciones con los mandatarios peronistas pero, a partir de ahora, serán encabezadas por el propio presidente. Tras los cortocircuitos entre Cavallo y los gobernadores, el diálogo no tenía salida sin la intervención del jefe del Estado.
La reprogramación de la deuda, el sueño dorado de Raúl Alfonsín, le permitiría al presidente reconstituir los puentes con el partido radical. Para ese objetivo, De la Rúa convocará en las próximas horas a los bloques de senadores y diputados de la Alianza para explicarles las nuevas medidas y buscar el apoyo para algunas iniciativas que, al no poderse implementar por decreto, necesitarán el respaldo de una o más leyes.
El vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, indicó que "el presidente ha decidido convocar a los gobernadores para fortalecer la relación Nación-provincia que es tan indispensable para el funcionamiento de la Argentina y una señal muy trascendente al mundo de los mercados". Y amplió: "El jefe del Estado apelará a la responsabilidad de cada uno de los gobernadores para impulsar un acuerdo que va a ser histórico".
Las medidas que se darían a conocer, girarían en torno a estas cuestiones:
u En materia social, se reemplazarían todos los planes tipo Trabajar por un monto de 150 pesos para cada familia indigente.
u También se establecería la refinanciación de las deudas provinciales para bajar los intereses al 7% anual en lo que queda de 2001, y al 10% durante 2002, a cambio de una quita del 13% o más en la coparticipación.
u En el área previsional, se destaca una amplia reforma del régimen, que hasta contemplaría una derogación del sistema de reparto y la liquidación de la Ansés. Dentro de este esquema, Cavallo buscaría cubrir el déficit actual del sistema con la suscripción de un bono a 30 años por parte de las AFJP.
u La reforma tendría, además, un capítulo destinado a la reestructuración del Pami, cuya administración pasaría a las gerenciadoras, que se harían cargo de la contratación y el contralor de los prestadores.
u Los ahorros producidos apuntarían no sólo equilibrar las cuentas sino también a poner en marcha el Plan de Infraestructura, procurando la reactivación de un sector con importante demanda de mano de obra.
u Además, se fijaría la devolución de 3 puntos del IVA a quienes realicen compras con tarjeta de crédito o débito, y se contemplaría la posibilidad de abonar a los estatales el medio aguinaldo de diciembre en cuotas. También se admitiría el pago de impuestos con bonos.
A última hora de anoche, voceros oficiales dijeron a La Capital que el presidente tenía decisión tomada sobre los cambios en el gabinete (ver aparte), pero que los mismos no se harían efectivos hasta que se conozca públicamente el contenido de las medidas. La expectativa, mientras tanto, sigue creciendo.
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La Ciudad
