Una puñado de dirigentes políticos, dos docentes y sus hijos, todos de Venado Tuerto y vinculados entre sí, se habrían asociado con funcionarios de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Gecal) con sede en Rosario para manipular la entrega de planes de empleo de 120 y 200 pesos entregándoselos a familiares y militantes de un sector interno del radicalismo. El caso fue denunciado judicialmente en noviembre de 2000 por una persona que ratificó y amplió su presentación en agosto de este año. Sin embargo, a casi un año de la presentación original, hasta ahora no hay indicios serios de una investigación profunda sobre estas presuntas irregularidades por parte de Hugo Perassi, el magistrado que tiene el caso.
La acusación involucra a los concejales Domingo Savino y Lisandro Enrico, a las docentes Nélida Agosta de Boschetti y Ana Martínez de Cáceres, a los dirigentes políticos Oscar Regis, Pierino Boschetti, Sensich y Julio Eggiman, y al ex gerente general de la Gecal Marcelo Ruiz, además de un funcionario actual de esta repartición de apellido Castellanos. Todos son acusados por Tomás Edgardo Balzaretti de manipular la distribución de los planes de empleo y de apropiarse del dinero destinado a personas carecientes de Venado Tuerto con la complicidad de funcionarios rosarinos, o en su defecto de conocer las maniobras y no hacer nada para evitarlas.
Esta trama habría comenzado en 1999, cuando se gestionaron ante la Gecal planes de empleo que se entregarían a través de una escuela inexistente (la Río Paraná Nº 1.329, con dirección en Tejada 2850 de Venado Tuerto) y de otra que sí existe, la escuela Falucho Nº 1.325 de Falucho y Tourner, en el barrio Ciudad Nueva de Venado Tuerto. En realidad la escuela Nº 1.329 existe, pero está en Rosario y la sospecha es que la usaron como pantalla para otorgar los planes de trabajo sin despertar sospechas en Venado Tuerto.
Según Balzaretti, la gestión la habrían realizado personalmente ante Ruiz los ediles Savino y Enrico y el dirigente Regis. "Todos los concejales, la jefa de la Región VII, la supervisora general (ambas del Ministerio de Educación) y el personal de Gecal tenían conocimiento de esta situación, pero jamás lo denunciaron", afirma en su extensa denuncia, que por ahora parece guardada en un cajón del despacho de Perassi.
Pese a que está por cumplirse un año desde la denuncia, hasta ahora el caso no motivó una investigación judicial y sólo despertó el interés de los medios periodísticos de Venado Tuerto y de La Capital, que publicó la denuncia original en noviembre del año pasado.
Dirigentes radicales
Entre otros beneficiarios sin necesidades básicas, la manipulación de estos planes habría favorecido a seis dirigentes de la juventud radical de Venado Tuerto, entre ellos los hijos de las docentes Agosta de Boschetti y Martínez de Cáceres. La primera es esposa de Pierino Boschetti, dueño del hotel Italia y presidente del Comité Departamental de la UCR, y madre de Darío Boschetti, que es miembro del mismo comité.
Como Darío Boschetti, muchos de los beneficiarios serían personas de acomodada situación económica o de reconocida militancia radical. Una de ellas es Noelia Martínez, hija de la vicedirectora de la Escuela Nº 1.325, estudiante terciaria, colaboradora del concejal Savino en el Concejo Deliberante y militante de un sector de la juventud radical.
Pero hay más. Otra de las beneficiarias fue Beatriz Antonia Vanucci, quien dirigiría al mismo tiempo la Liga de Defensa del Consumidor y la Liga de la Decencia de Venado Tuerto. Según los registros oficiales, Vanucci se hizo acreedora de un Plan Trabajar por hacer tareas de zanjeo en el barrio Ciudad Nueva, en el sur de la ciudad, algo que según Balzaretti jamás realizó.
Otros beneficiarios son Norma Cardillo, Teresa Santone, Claudia Barrionuevo y Natalia Abalo, todos ellos dirigentes de la juventud radical. Pero en la nómina también figura gente de buena posición económica, como la propia Vanucci y Teresa Guillaumet. En estos casos, lo que hay que investigar es si efectivamente fueron beneficiados con los planes de empleo o si sus nombres fueron utilizados para cobrar los subsidios y distribuirlos entre otras personas con fines políticos.
Otro destinatario de un plan es Gustavo Alvarez, hijo de un funcionario del área de prensa de la Municipalidad, y Alberto Rullo, sobrino de Mario Rullo, que se encarga de manejar los planes sociales en Venado Tuerto. También figura el presidente de la Cooperativa de Agua Potable, Luis Angel Sacco, quien a su vez es esposo de la titular de la Línea Amarilla de la UCR.
Según Balzaretti, estos hechos conformarían una presunta asociación ilícita, apropiación de fondos públicos destinados a personas indigentes, encubrimiento y falseamiento de datos en documentos públicos, todos delitos graves.
La Ciudad
