El PDP cruzó al PJ por los decretos de la polémica

El Partido Demócrata Progresista (PDP) negó que haya "bajado" un decreto de junio de 2001 que establecía severos controles a la ley de lemas, como publicó La Capital el viernes pasado. Los apoderados demoprogresistas cuestionaron con dureza los dichos de funcionarios de la Casa Gris, quienes aseguraron a esta diario que tanto esa fuerza política como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso se opusieron a la entrada en vigencia de un decreto del gobierno santafesino que reglamentaba el sistema electoral.
"Cualquier intento de adjudicar responsabilidad a la democracia progresista por la aplicación de esta norma no sólo es mentira, sino también una infamia", manifestaron Carlos Wagner y Luis Mauri, apoderados del PDP.
El viernes pasado, La Capital publicó que un decreto firmado el 5 de junio de 2001 (luego rectificado con otro a pedido de la oposición), hubiese evitado el escándalo que envolvió a las elecciones realizadas hace exactamente una semana.
La norma determinaba que ninguna persona podría avalar más de un sublema, fijaba la responsabilidad penal de los apoderados de los partidos políticos que transgredieran ese principio y establecía que los datos contenidos en las planillas de constitución de listas deberían tener un soporte magnético para facilitar el mecanismo de contralor.
Paradójicamente, quienes se opusieron a que ese decreto entrara en vigencia fueron los apoderados legales de los fuerzas que hoy continúan alzando la voz por los efectos nocivos de la controvertida norma.
"Si existe un partido que siempre se opuso a la trampa electoral que es el sistema de lemas, es el PDP. Primero rechazó su sanción y luego recurrió a la Justicia pidiendo la nulidad de la ley por su manifiesta inconstitucionalidad", destacaron los abogados.
Asimismo, Wagner y Mauri enfatizaron: "La trampa y el engaño electoral es la misma ley de lemas. Posibilita que cuando alguien vota a un candidato, y su sufragio va a parar a otro, éste es válido".
"Curiosamente, el Partido Justicialista (PJ), desde la aplicación de esta norma en 1991 y hasta la fecha, consiguió imponer dos gobernadores que no habían conseguido la simple pluralidad de los votos como sostiene la Constitución, haciendo valer justamente la farsa electoral y desnaturalizando la voluntad popular directa", recalcaron los apoderados pedepistas.
Ni Carlos Reutemann se salvó de la embestida: "El decreto, luego modificado por el gobernador con apoyo del apoderado de su partido, fue producto de la interna del oficialismo. Les costó sangre, sudor y lágrimas, y nada tiene que ver con la situación que se dió el 14 de octubre".
Por último, Wagner y Mauri afirmaron que "ninguna de las normas reglamentarias hubieran impedido la supuesta farsa que tanto se pregona, ya que la corruptela electoral está instalada en la ley y, mientras no se derogue, será imposible eliminarla".