Las salvaguardias tensan la cuerda con Brasil

Las negociaciones entre Argentina y Brasil tendientes a acordar un sistema de salvaguardias para compensar desequilibrios en el comercio bilateral volvieron a tensarse tras una propuesta elaborada por el Ministerio de Economía.
Según fuentes gubernamentales, Argentina le habría propuesto a su socio un sistema de salvaguardias en el cual se fundamentaría la aplicación de aranceles protectivos en caso de una devaluación.
Con esa línea irían los funcionarios argentinos a la próxima ronda de conversaciones, continuadora del encuentro del 9 de octubre pasado en San Pablo, que se realizaría en Buenos Aires entre el jueves y el viernes próximos.
La propuesta argentina no cayó bien en el gobierno brasileño, ya que en el país vecino entienden que la iniciativa no está en todo de acuerdo con lo que se conversó en Brasil hace poco más de una semana.
Esa impresión quedó reflejada en una reunión que mantuvo el Grupo Brasil, que nuclea a 200 empresas de ese país que operan en Argentina, con el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini. Allí el canciller argentino abría insistido en que la única medida aceptada oficialmente es la que fue acordada en San Pablo, según indicaron organismos oficiales ante la consulta de los empresarios.
Rodríguez Giavarini consideró que las salvaguardias "son el instrumento más adecuado" para aplicar en el momento actual que vive el Mercosur.
La iniciativa de la Argentina está siendo analizada al más alto nivel de las autoridades económicas brasileñas, pero la primera impresión que causaron no fueron buenas.
En Brasil se interpreta que el mecanismo de las salvaguardias elaborado por Economía está en la línea de tarifas intrazona ante variaciones en el tipo de cambio. En otros términos, las autoridades brasileñas entienden que el mecanismo no es una salvaguardia, sino un esquema de compensaciones ante la devaluación del real, un punto que no están dispuestos a negociar.
Más allá de las definiciones de concepto, para Brasil las salvaguardias tienen que ir en el sentido de lo que señala la OMC.
Esto es, que su aplicación sólo es procedente cuando se comprueba daño o amenaza de daño contra una actividad productiva por parte de las importaciones desde otra nación.