Editorial

Inundaciones y drama

La situación provocada por las crecientes lluvias en distintas y cruciales zonas de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa tiene ya características que la aproximan a la categoría de tragedia. Vastas extensiones de terreno anegadas, rutas vitales que se encuentran cortadas, poblaciones aisladas y productores en quiebra configuran un panorama sombrío, para el cual -lamentablemente- no se avizoran soluciones a corto ni a mediano plazos. El estado de desastre que paraliza a las que en un pasado no lejano fueran fértiles regiones de cuatro provincias ha sido declarado, aunque la espera de remedios concretos para el mal se torna ya demasiado prolongada.
Cuatro millones de hectáreas afectadas en territorio bonaerense -con un total de diez mil seiscientos treinta y ocho productores en emergencia- dan una idea de la magnitud del fenómeno. En La Capital de anteayer se hacía referencia a lo que se está viviendo actualmente en la localidad santafesina de Diego de Alvear, a orillas del enorme y descontrolado espejo de agua de la laguna La Picasa, donde el líquido pugna por salir de las napas freáticas, aflora a través de las grietas del pavimento de las calles y más de medio centenar de pozos negros se ha desmoronado, creando un grave problema sanitario.
Resulta patente que las condiciones de vida se han modificado de manera drástica para mucha gente. Que, además, manifiesta abiertamente su escepticismo acerca del potencial accionar de las autoridades a fin de mitigar su sufrimiento. "Deberían responsabilizarse y transmitirnos la verdad, y decirnos que, como productores, estamos condenados a desaparecer, así se nos termina la esperanza y tomamos nuevas rutas", disparó, con inusual dureza, un agricultor que padece directamente las crueles consecuencias de la crisis hídrica.
Es que la necesidad de obras infraestructurales para contener el avance de las aguas se ha vuelto acuciante. Los cambios climáticos, que incluyen una acentuada tendencia de las precipitaciones a aumentar año tras año, señalan que cualquier demora se vuelve casi criminal. Claro que con un Estado en permanente retroceso, o que destina sus fondos a cuestiones mucho menos urgentes, se hace difícil obtener el dinero que permita financiar los trabajos. Pero lo que no debe olvidarse, en ese sentido, es que en esta cuestión existe responsabilidad política. Sean cuales fueren los caminos a seguir, son los funcionarios quienes primero tienen que recorrerlos. A partir de un plazo perentorio: ahora.