Cuatro hombres que fueron condenados a prisión por una estafa contra la Aduana Nacional son buscados por orden de la Justicia Federal ya que desaparecieron de sus domicilios. Los prófugos fueron condenados junto a otros cinco hombres por participar en una maniobra fraudulenta de 65 millones de pesos en reintegros por exportaciones, de los cuales llegaron a cobrar unos 6 millones. El escandaloso caso fue descubierto al realizar una constatación de carga en el puerto de Santo Domingo, en la que se detectó que en lugar de las maquinarias declaradas en la documentación de la carga había bolsas de cemento.
Las personas buscadas por la Justicia Federal son Gabriel Enrique Botvinikoff, de 57 años, domiciliado en Capital Federal; Oscar Enrique Spinelli, de 52 años, de Vicente López; Carlos Alberto Lucani, de 34, domiciliado en Mercedes, Buenos Aires y Eduardo Alberto Redondo, de 43, de Campana.
Spinelli y Botvinikoff fueron condenados a 7 años de prisión como coautores del delito de contrabando junto a Eduardo Jorge Cantero, quien era el administrador de la Aduana de Campana en el momento en que se concretó la estafa, a fines de 1993. Lucani y Redondo recibieron penas de 4 años de prisión como partícipes necesarios en la maniobra. Por el mismo delito fueron condenados Luis Felipe Gualdoni y Hugo Néstor Bertschinger, quienes recibieron penas de 5 años, y Osvaldo Omar Dos Reis, que recibió una pena de 3 años. Todos los condenados quedaron en libertad tras el juicio a la espera de la sentencia definitiva.
El juicio oral se desarrolló en el juzgado Federal de Rosario, en Oroño al 900, luego de varios vaivenes burocráticos para determinar la jurisdicción. El proceso se desarrolló los primeros días de octubre del año pasado ante el Tribunal Oral Nº1 compuesto por Santiago Harte, Laura Cosidoy y Otmar Paulucci.
La operación que fue juzgada ocurrió en la aduana de Campana, desde donde salieron unos 250 contenedores pertenecientes a dos empresas fantasma con una carga declarada de maquinarias. La maniobra fraudulenta se descubrió al hacer una constatación en el puerto de Santo Domingo, República Dominicana, donde se descubrió que en lugar de la mercadería declarada los contenedores tenían bolsas de cemento.
El valor total de los envíos era de unos 440 millones de pesos, pero cuando se realizó el trámite para el reintegro de impuestos nacionales, el monto solicitado fue de más de 65 millones. De ese monto, sólo llegaron a cobrarse unos 6 millones, de los cuales una parte fue recuperada.
El Tribunal Federal Nº1 solicitó la colaboración de la población para localizar a los cuatro prófugos. Cualquier información debe ser remitida al juzgado, en Oroño 840, Rosario, teléfono 4720340; o la Prefectura Naval Rosario, en Avenida Belgrano 321, teléfono 4404103.
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La Ciudad
