El nuevo paquete de medidas que dará a conocer el gobierno nacional antes de este fin de semana instaló el temor de un inminente arancelamiento en las universidades públicas. Fuertes rumores anticipan un nuevo recorte a los salarios docentes: del 13 por ciento actual pasaría a un ajuste del 25 al 30 por ciento. Y aún peor: los trascendidos hablan de que los 1.800 millones de presupuesto anual que perciben las universidades sufrirían un tijeretazo de entre 190 y 380 millones de pesos. Cualquiera de estas posibilidades deja a las casas de estudios ante dos únicos caminos: cobrar una cuota mensual a sus alumnos, o bien, cerrar sus puertas. Al menos eso lamentaron ayer el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ricardo Suárez, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Manuel Terrádez.
"Si hay un recorte adicional no vamos a poder sobrevivir, nos obligarían a cerrar la universidad", advirtió el rector.
Suárez detalló una vez más cuál es el "magro" presupuesto de la UNR. "El Congreso designa los montos a principio de año pero desde hace tres períodos quedamos al arbitrio del Ministerio de Economía. Deberíamos haber recibido 98 millones este año, pero esto no se dio. Y encima hay que tener en cuenta que el 95 por ciento de ese dinero se destina a salarios. Si recortan lo que se comenta, no podremos funcionar. Nos quieren obligar a arancelar pero saldremos a pelear para evitarlo", advirtió.
Malas noticias
Terrádez dijo estar al tanto de los trascendidos sobre el nuevo paquete que se está cocinando en el Ministerio de Economía de la Nación. "Nos han dicho que es peor que lo que planteaba el ex ministro (Ricardo) López Murphy. Hay que tener en cuenta dos temas: cómo funcionaremos de acá a fin de año y cuánto se va a destinar de presupuesto para el 2002. Algunos comentan que sólo se enviarán fondos para pagar sueldos, eso y decirnos «no funcionen más», es lo mismo", señaló el dirigente estudiantil.
Según los cálculos de la FUA, para reemplazar el ajuste que pretendería aplicar el gobierno al presupuesto del año que viene, cada universidad debería cobrarle a sus alumnos entre 30 a 50 mensuales, durante los 12 meses del año.
Pero la discusión no será sólo cosa de números. Para Terrádez el gobierno nacional se trae en la manga el estudio de una consultora contratada especialmente para fundamentar el arancelamiento. De todos modos, adelantó que el estudiantado se resistirá "como siempre" a cualquier intento en este sentido. "No pudo Menem, no pudo López Murphy, no vamos a avalar la privatización del sistema público universitario", remató Terrádez.
Principio de gratuidad
La posibilidad de que el gobierno anuncie el arancelamiento para la universidad pública fue también cuestionada en términos legales por el titular de derecho constitucional de la UNR, Ricardo Terrile. Según el letrado, la ley de educación superior del 95 deja abierta la posibilidad de arancelamiento para el bienestar estudiantil (es decir para destinarlo a becas, préstamos y subsidios). No obstante, el estatuto de la UNR establece que las universidades nacionales no deben ser pagas, en consonancia con los principios de gratuidad y equidad de la educación pública insertos en la Constitución Nacional.
"Por lo tanto, si el gobierno intentara imponer el arancelamiento general no sólo estaría pasando por alto la autonomía y la autarquía universitaria, sino que estaría yendo contra la ley suprema", concluyó el catedrático.
El presidente de la Federación Universitaria de Rosario, Miguel Pedrana, también expresó su rechazo a un nuevo recorte. "Estamos alerta ante la posibilidad de un nuevo ajustazo. Así como nos movilizamos cuando se aplicó el recorte del 13 por ciento, pelearemos como lo venimos haciendo contra otro intento de ajuste", aseguró.
Para Pedrana, el plan "perverso" del gobierno no es anunciar el arancelamiento por estos días. Sino "obligar a las universidades a que no les quede más remedio que aplicarlo", concluyó.
La Ciudad
