Año CXXXIV
 Nº 49.253
Rosario,
sábado  29 de
septiembre de 2001
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Allanamiento judicial contra la piratería del software
Un juzgado civil y comercial actuó en una empresa local, a partir de una acción de las compañías informáticas

Se concretó un procedimiento judicial ordenado por el Juzgado Civil y Comercial de 5º Nominación de Rosario, a raíz de la demanda presentada por distintas empresas de informáticas agrupadas en Software Legal, por la utilización de programas de software no autorizados. Como resultado de la pesquisa, voceros de los demandantes aseguraron que en "una importante empresa constructora se constató la falta de licencias en algunos equipos y en otros que las licencias existentes no estaban en regla".
Ante el avance de la piratería informática, las distintas empresas agrupadas en Software Legal presentaron demandas en distintos juzgados del país para que se detecten los denominados "programas truchos".
La ley de propiedad intelectual prevé hasta seis años de prisión en el caso de comprobarse la piratería. De todas maneras, las once empresas agrupadas en Software Legal están estudiando medidas "extraordinarias", por lo cual prevén que el número de operativos va a continuar y también alguna otra penalización.
El allanamiento realizado en horas de mediodía en Rosario, fue ordenado por el juez Ariel Carlos Ariza, del juzgado civil y comercial de 5º Nominación.
"La etapa inicial es la constatación de las instalaciones de software y se intima a las empresas a que exhiba la totalidad de las licencias de uso", explicó Martín Carranza Torres, presidente de Software Legal.
La provincia de Santa Fe encabeza el ranking de la piratería nacional, y según datos de la cámara que agrupa a las empresas de informática, un 83 por ciento de los software instalados en distintas empresas no tienen las licencias para su uso.
"Ocho de cada diez computadores en Santa Fe poseen software pirata. Este índice es altísimo en comparación con el resto del país y afecta enormemente el desarrollo de una industria de software local", sostuvo Martín Carranza Torres.



Una conocida constructora usaba programas truchos.
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