Llegó el día. Mañana la denominada conexión local que prestó apoyo logístico a los terroristas que perpetraron el atentado contra la Amia comenzará a ser sometida por un tribunal oral a un megajuicio que podría durar un año. Los cargos en contra de los acusados: 85 homicidios causados por la tremenda explosión que borró del barrio porteño de Once la sede de la mutual judía el lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53. Sin embargo, aún persisten las dudas sobre los autores intelectuales de la masacre.
Con la posibilidad de ser condenados a reclusión perpetua (la pena máxima de la Justicia argentina) tras un debate que contará con más de 1.500 testigos, en el banquillo estarán el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli, los ex subcomisarios Raúl Ibarra y Anastasio Leal, el ex oficial inspector Mario Bareiro y el reducidor de autos robados Carlos Telleldín, además de otras quince personas.
La instancia se abrirá con la novedad de la firma del presidente Fernando de la Rúa del decreto que creó la figura del testigo protegido, que será aplicado a las personas que declararon bajo reserva de identidad en la investigación.
Es que en el proceso que se iniciará mañana los testigos se encontrarán por primera vez ante la obligación de comparecer con sus reales nombres y apellidos.
Paso a paso
Todas las presunciones apuntan a Telleldín y Ribelli. Según el juez federal Juan José Galeano, el primero supuestamente estuvo al frente de una "mafia privada", mientras que el segundo habría liderado una "mafia pública".
Ocho días antes del atentado ambos se habrían encargado de conseguir, acondicionar y entregar a los terroristas una camioneta Trafic color blanco, vehículo que se estrelló -cargado con 300 kilos de explosivos (amonal)- contra la mutual judía. La detonación mató a 85 personas, hirió a otras 177 y demolió la sede de la Amia, hoy reconstruida en el mismo lugar: Pasteur 633.
En febrero de 2000 Galeano elevó a juicio oral el expediente por el segundo atentado antijudío perpetrado en la Argentina. El capítulo internacional del caso, a cargo del mismo juez, centra las sospechas en Irán. Pero este proceso aún está en ciernes.
Las actuaciones serán evaluadas por un tribunal integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, quienes deberán dictar sentencia. Memoria Activa actuará como querellante, pero separada de la Daia (principal institución política de la colectividad judía), que compartirá la representación legal con la Amia y los familiares que avalan la tarea de Galeano.
Pero en el juicio solamente se analizarán los momentos previos al estallido de la Trafic, posiblemente al mando de un conductor suicida, frente a la mutual. Además, hay más de 70 causas conexas que se desarrollan en diversos juzgados.
Galeano, quien fue recusado por Ribelli y duramente cuestionado por Memoria Activa, asentó en el voluminoso expediente que todos los indicios señalan al grupo pro iraní Hezbolá (Partido de Dios) como presunto responsable del ataque, pero lo cierto es que no hay ningún miembro de esa organización procesado.
A la semana de la explosión, se rescató entre los escombros el motor de un Trafic y se hallaron restos del amortiguador de una camioneta. En base a los peritajes, el utilitario subió a la acera y se ubicó en un ángulo de 45 grados con el lateral derecho, cerca de una columna. Fue entonces cuando se accionó la poderosa carga de amonal.
Para la Justicia, ese motor fue colocado en una Trafic que armó Telleldín con partes de una camioneta que perteneció a la empresa Messin, que se incendió cuatro meses antes del ataque. Los restos fueron adquiridos por la firma Alejandro Automotores, que la vendió al reducidor.
Telleldín fue obligado a acondicionar el vehículo y entregarlo a los policías, que la retiraron de su casa el 10 de julio del 94. La Trafic estuvo estacionada, desde el viernes 15, en un playa ubicada a dos cuadras de la Amia.
Esta cronología, producto del trabajo realizado por Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, también estará bajo la lupa durante el juicio que se desarrollará en una sala especialmente construida para la ocasión, ubicada en el subsuelo de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002. El dispositivo de seguridad incluirá a 250 policías apostados diariamente en el lugar y la utilización de un sistema cerrado de video.
Conmocionado por los recientes atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, en los que no se descarta algún tipo de vinculación con lo ocurrido en la Argentina, el mundo espera que la Justicia pueda producir una grieta en el muro de silencio que rodea a otro de los capítulos más cruentos de la historia del país.
La Ciudad
