El presidente Fernando De la Rúa vetó ayer en forma total la ley que creaba el impuesto municipal por uso del espacio público, que significaba para las compañías la erogación de hasta el 2% de la facturación correspondiente a cada comuna.
El Poder Ejecutivo desechó en su totalidad la ley aprobada por ambas cámaras legislativas y girada al gobierno nacional el 29 de agosto pasado, y que para los privados significaba una suba de la carga tributaria, lo que los llevó a elevar varios reclamos desde principios de este año.
Los empresarios de telecomunicaciones se opusieron desde un principio tajantemente a la implementación de este impuesto, al punto de señalar que esa carga impositiva "obligaría a las empresas a incrementar sus recortes de personal".
Las empresas históricas, Telecom y Telefónica, advirtieron en su momento que con la aplicación de este impuesto se iba en contra de los pliegos de licitación de la vieja Entel, por lo que recurrirían no sólo a la justicia local, sino a la internacional.
De hecho, el propio secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, sostuvo públicamente, en mayo pasado, que la implementación de este tributo "afectaría la seguridad jurídica".
En los últimos meses, Aguiar mantuvo una serie de reuniones con los intendentes que promovieron la medida, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).
"Si fuera sólo el 2% sería una bendición pero se sumarían otras tasas por obra, por bromatología y otras cargas impositivas sobre el mismo sector económico", señaló Aguiar.
Explicó a los jefes comunales que "sería muy bueno generar un nivel de igualdad en los municipios, para que los prestadores tengan costos iguales" en una y otra comuna, ya que la extensión de una red de comunicaciones atraviesa varios municipios.
Además, no quedaba en claro en la ley si la empresa debía pagar el impuesto en cada municipio que atraviesa, ni que pasaba si la empresa extendía la red pero no tenía aún clientes y por lo tanto no realizaba ninguna facturación.
Para graficar las distorsiones que se observaban en las estructuras de los municipios, mientras en algunas comunas la instalación de una antena implicaba el desembolso de unos miles de pesos, se conocía el caso de una firma que debió pagar por lo mismo 150.000 dólares.
Según Aguiar, los intendentes "estaban de acuerdo en que las distorsiones no tenían ningún sentido" y consideró que "hay una buena predisposición de parte de la FAM para darle normalidad al tema -impositivo- y que no suceda lo que en el cuento de la gallina de los huevos de oro".
Antes de la aprobación del Senado, Aguiar y sus colegas de Ingresos Públicos, Luis Farré, y de la Competencia, Carlos Winograd, explicaron a la Comisión de Comunicaciones de esa cámara la inconveniencia de la aplicación de este polémico tributo.
La facturación del sector de telecomunicaciones en el 2000 fue de más de 11.000 millones, aunque a esta suma hay que restarle lo facturado por los sectores de equipamiento e informática.
Así la cifra se reduce a poco más de 9.000 millones, de operaciones de telecomunicaciones puras.
Entonces, el 2% anual de esa facturación era de 180 millones que, divididos en los 12 meses del año, lo que significan 15 millones a repartir de acuerdo a la teledensidad entre los más de 1.400 municipios.
Por su parte, las empresas entrantes sostuvieron que el impuesto era una carga "ilógica", porque las que tienen que tender la red de comunicaciones están en un período de preparación de la misma y no necesariamente están dando servicio.
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La Ciudad
