La Justicia federal de Santa Fe no procedió ayer a detener al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco ex integrantes de la policía provincial, cuya extradición ha pedido el magistrado español Baltasar Garzón para juzgarlo por genocidio, por ser "ilegible" el fax en el que se consignaba el exhorto del juez federal Gabriel Cavallo, quien dictara la correspondiente orden de captura el pasado 17 del corriente.
El exhorto llegó a la Justicia federal santafesina el pasado jueves por la tarde, pero de él se tuvo conocimiento ayer, cuando la secretaría del juez subrogante Eduardo Tejerina volvió a dirigirse a Cavallo para reclamarle una nueva copia por no resultar legible el primer envío, según pudo saberse ayer en la capital provincial.
En tanto, el fiscal Alejandro Luengo, quien entiende en la causa, le comunicó ayer a Tejerina que no iba a insistir en su pedido de detención de los seis santafesinos -medida que había sido denegada por el magistrado federal por objeciones formales- porque el exhorto de Cavallo era suficiente para que se llevaran a cabo los arrestos de Brusa, los ex comisarios Mario Facino, Héctor Colombini y Juan Perizzotti, el ex oficial Eduardo Ramos y la ex asistente María Eva Aebi (y no Aevis, como habitualmente se la nombra).
A pesar del optimismo del fiscal, hasta el cierre de esta edición Tejerina aún no había adoptado ninguna decisión para hacer cumplir el requerimiento de su colega Cavallo. Cabe destacar que por su manifiesta amistad con Brusa -que lo llevó a apartarse del caso para la resolución de diversos recursos planteados- Tejerina deberá analizar el pedido de Cavallo relacionado con los cinco ex policías, mientras que el caso del ex magistrado tendrá que ser considerado por un juez designado para esa cuestión específica.
Así, Leopoldo Luis Hilbert fue sorteado como juez ad hoc para considerar un planteo de inhibitoria de competencia presentado por la defensa de Brusa, que solicitó que el pedido de extradición sea tratado por el Juzgado federal de Santa Fe y no por el que se encuentra a cargo de Cavallo.
Hilbert dijo que no era "ni amigo ni enemigo" del ex juez federal y que en consecuencia interpretaba que no debía excusarse de intervenir en el caso.
Pero ayer el propio Hilbert fue puesto en cuestión. El abogado santafesino Jorge Pedraza, conocido defensor de casos de derechos humanos, cuestionó la participación del magistrado ad hoc porque -recordó- había firmado una nota de apoyo a Brusa que fue girada al Consejo de la Magistratura cuando en ese ámbito se discutía la actuación que le cupo al entonces juez federal de Santa Fe en el accidente en el que casi perdiera la vida Miguel Pedernera, ocurrido en la laguna Setúbal en noviembre de 1999, hecho por el que finalmente fue separado del cargo.
Hilbert explicó luego que suscribió la nota por interpretar que Brusa actuó siempre bien como juez y que su aval tendía a corroborar sólo ese punto de vista.
Pedraza solicitó la actuación de oficio del Colegio de Abogados de Santa Fe para que "se terminen con todas estas chicanas" que demoran cumplir con las órdenes de arresto que, a su entender, no pueden ser objetadas con recursos como los que se han venido presentado.
En cuanto a éstos, el fiscal Luengo rechazó ayer la presentación de inhibitoria de la defensa de Brusa por interpretar que no cumplía con los correspondientes requisitos formales.
Presentaciones ante Cavallo
José Ernesto Schulman, ex detenido en Santa Fe durante la dictadura militar, se presentó ayer ante el juzgado federal de Gabriel Cavallo para solicitarle poder intervenir en el juicio de extradición a España de 18 ex presuntos represores, incluyendo a los seis santafesinos.
Schulman pidió participar como "los terceros ajenos a la disputa, pero con un justificado interés en el desenlace del pleito que pueden brindar sus opiniones respecto de la temática".
Schulman recordó que ya en 1977 había denunciado a, entre otros, Eduardo Ramos y que también hizo lo propio respecto de "la participación del doctor Brusa en el sistema represivo montado por el terrorismo de Estado".
La misma presentación fue efectuada por Norberto Olivares, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, conocido por su protagonismo en la recuperación de la "casita de los ciegos", cuyos dueños desaparecieron durante la dictadura militar. La propiedad, ubicada en Santiago al 2800 de Rosario, que estaba en poder de Gendarmería fue devuelta al hijo del matrimonio, quien la cedió para que funcione allí la Casa de la Memoria.
Schulman y Olivares darán mayores detalles del trámite cumplido ayer ante Cavallo en una conferencia de prensa, el lunes a las 17, en la Casa de la Memoria.
La Ciudad
