Más de 1.000 robos de energía por mes: 300 van a Tribunales

Más de 1.000 actas por robo de electricidad por mes, 300 de las cuales son enviadas a la Justicia, están levantando los inspectores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en comercios y viviendas de Rosario, según precisó un funcionario de la compañía. El ingeniero Leopoldo Miranda, jefe de mercado eléctrico, dijo ayer a La Capital que la mayoría de los casos "se resuelven administrativamente con el cobro de la deuda" y el resto -las 300 causas- directamente son enviadas a Tribunales.
Las precisiones de Miranda se produjeron el mismo día en que la policía allanó comercios y viviendas: en una pensión de calle Catamarca al 1300 los efectivos detuvieron a la propietaria, Elba Rosa Acosta, quien horas después declaró ante el juez de instrucción Jorge Eldo Juárez. Similares procedimientos se cumplieron en pizzerías y, según se aseguró, continuarán en las próximas horas en supermercados y prostíbulos.
Miranda consideró que "hay que ser drásticos" con quienes roban la luz "por el alto porcentaje de reincidencia" que se está notando. Y también porque los métodos son cada vez más rebuscados, ya que hasta avanzan sobre las tapas nuevas que la EPE coloca sobre los medidores, que son "más seguras, con cierre y cables especiales".

¿Hurto o defraudación?
En tanto, fuentes de los juzgados señalaron que la reiteración de las maniobras está abonando la posibilidad de que los jueces configuren a algunas de las causas como defraudación en vez de hurto, delito este último de carácter correccional y con penas más livianas.
Miranda aclaró que a numerosos reincidentes la empresa decidió "retirarles el servicio y la consideración de clientes", por lo cual, cuando quisieron restablecer la prestación, debieron pagar los montos atrasados y pedirla nuevamente con todos los requisitos, como si fueran clientes nuevos.
Dijo, también, que la mayor parte de las maniobras "se registran en comercios con equipos de conservación de frío, como bares, restaurantes y heladerías", y que los inspectores están tan cancheros que apenas aprecian las dimensiones del negocio y observan el consumo registrado en los últimos meses saben enseguida si tiene el medidor alterado o no. "Después lo abren y confirman la sospecha".
Precisó que en la calle hay personas que "venden los aparatitos para adulterar los medidores" y en otros casos se trata de individuos que "pasan por los negocios ofreciendo sus servicios" para truchar la marca del consumo.