En respuesta a un pedido de los gobernadores y pese a la resistencia del gobierno nacional, el justicialismo y el radicalismo se unieron anoche para darle media sanción al proyecto que establece la coparticipación de la contribución a los débitos y créditos bancarios, el denominado impuesto al cheque.
El proyecto se votó con muchas dificultades con el quórum, ya que la norma requería mayoría absoluta (37 votos positivos) y había senadores que no estaban de acuerdo con el texto propuesto.
En consecuencia hizo falta introducirle algunas modificaciones al dictamen de comisión, la más importante de las cuales fue para excluir de la norma lo que se descuenta de IVA o Ganancias, aproximadamente el 3,5 por mil del 6 por mil de toda transacción bancaria que integra la alícuota.
En consecuencia, la Nación deberá coparticipar el 2,5 por mil y del 3,5 restante sólo percibirá los descuentos de IVA y Ganancias.
Considerando que el impuesto recaudó 430 millones de pesos en agosto pasado, las provincias se quedarán con aproximadamente 100 millones de pesos, la Nación recibirá 80 millones y el resto, unos 250 millones, a cuenta de IVA y Ganancias.
La discusión técnica fue tan enardecida que algunos senadores, como el justicialista Augusto Alasino (fue el único que se pronunció en contra) el radical Luis Molinari Romero (quería que vuelva a comisión) y el renovador salteño Roberto Ulloa (admitió no entender el sentido de los cambios), se retiraron del recinto.
Cuando parecía que la norma quedaba sin votación, el presidente de la comisión de Coparticipación, José Luis Gioja, propuso algunos cambios y su par Eduardo Menem recordó la "gravísima situación de las provincias" para convencer a lo más reacios, Antonio Cafiero y Pedro Villarroel entre ellos.
El proyecto había sido presentado el 4 de julio pasado a instancias del justicialismo, pero el tema recién se activó en forma efectiva la semana pasada, cuando se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) los gobernadores de todos los partidos.
Allí los mandatarios provinciales reclamaron la sanción de la norma ante la previsión de que el Ministerio de Economía prepara una poda en los 1.364 millones que envía mensualmente a las provincias para cubrir el nivel de ingresos necesarios dentro de la política de déficit cero.
Ese mismo día, el miércoles de la semana pasada, los senadores del PJ adelantaron su voluntad de otorgarle inmediata sanción a la iniciativa.
En el radicalismo, la decisión demoró en adoptarse porque el Ejecutivo presionó insistentemente para que bloquearan la propuesta en virtud de que para sancionarla hace falta mayoría absoluta (al menos 37 votos sin importar el número de quórum) por tratarse de distribución de fondos.
Sin embargo, en la reunión de bloque de esta tarde los senadores oficialistas decidieron acompañar al PJ. Según relató uno de ellos, "es imposible no apoyar este proyecto cuando algunos de nosotros está haciendo campaña en la provincia y cuando fue pedido por todos los gobernadores".
El artículo intensamente discutido modifica la ley 25.413 para que "el producido de este impuesto, no afectado a impuestos específicos, quede afectado a la creación de un fondo de emergencia pública con destino a la preservación del crédito público y a la recuperación de la competitividad de la economía y que será asignado a Nación, provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires".
En el debate se agregó un segundo artículo para aclarar que "las transferencias a las provincias serán automáticas, diarias y gratuitas".
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La Ciudad
