El mediodía del domingo 13 de agosto de 2000 comenzó un violento motín en la seccional 19ª que se extendió durante 22 horas. Durante ese período, el agente Ulises Arce permaneció como rehén de los 44 detenidos que se encontraban en el penal, con capacidad para menos de 20 personas. Un año más tarde, el policía demandó al Estado santafesino por los daños y perjuicios que sufrió en esa situación: le reclama 300 mil pesos. La presentación es la segunda que llega a los Tribunales en la presente semana, ya que hace cinco días otro agente que fue rehén durante un alzamiento demandó a la provincia por 350 mil pesos.
Los motivos del reclamo se basan en el proceder negligente del Estado, según explicaron las abogadas María Esther Altamirano y Edit Giraudo, quienes representan a Arce. Uno de los puntos es que los policías "se ven sometidos, por orden de la provincia, a tareas para las cuales no fueron contratados, ya que son empleados como policías y no como agentes penitenciarios", indicaron las abogadas. También remarcaron que el sueldo de los agentes "no incluye ningún pago adicional por las tareas a las que son enviados a cumplir".
Por otra parte, las letradas indicaron que "los policías no son instruidos para cumplir tareas carcelarias" aunque el estado "les impone esa responsabilidad, en condiciones de extrema inseguridad, lo que pone en riesgo su capacidad física y síquica".
Asimismo, las profesionales justifican la presentación al sostener que "la situación que da origen al reclamo es un acto que comporta al ejercicio del poder político del Estado", remarcando en ello la distinción jurídica que se plantea entre el poder político y el poder administrativo de la provincia.
Por estos motivos, las abogadas iniciaron un reclamo administrativo ante el Ministerio de Gobierno de la provincia, del cual no recibieron respuesta, según indicaron. Luego, presentaron la demanda en los tribunales provinciales.
Vale recordar que las mismas profesionales patrocinaron la presentación que el pasado 6 de agosto realizó el cabo Marcelo Miño, quien fue víctima de un hecho similar al de Arce que tuvo lugar en la subcomisaría 19ª de barrio Las Flores en septiembre del año pasado.
Al respecto, fuentes extraoficiales señalaron que en los próximos días se esperan al menos otras dos nuevas presentaciones por casos similares con montos que rondarían otros 300 mil pesos.
El violento motín en la seccional de pasaje Calchaquí al 3200 comenzó cuando un grupo de presos atropelló al personal policial que se disponía a entregar el almuerzo y tomaron como rehénes a dos policías. Así tomaron el control de los calabozos y llegaron al lugar en el que se encontraban las armas del personal. Entonces se apoderaron de dos pistolas calibre 9 milímetros.
Enfrentamiento con un herido
En ese momento comenzó un enfrentamiento a balazos en el que resultó herido en la espalda el sargento Miguel Angel Duarte. Fue en esas circunstancias que Arce quedó como rehén de los amotinados.
La rebelión de los detenidos, que reclamaban su traslado a otras seccionales por la superpoblación y el hacinamiento en el penal, concentró un amplio despliegue policial en la zona de la comisaría. Unidades del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y personal de otras comisarías cercaron el lugar, mientras los familiares de los detenidos, vecinos y curiosos se acercaron para ver qué ocurría.
Después de 14 horas, las negociaciones se paralizaron durante la noche y a las nueve de la mañana del día siguiente los detenidos entregaron las armas y depusieron su actitud.
Arce fue liberado con varios golpes y ese día las autoridades policiales señalaron que se encontraba en "buenas condiciones generales" de salud.
Pero el agente quedó gravemente afectado por el motín. Como consecuencia de ello, cuando volvió a trabajar las autoridades de la Unidad Regional II lo derivaron a tareas pasivas, sin autorización para portar el arma reglamentaria y sin tener contacto con detenidos.
La Ciudad
