| | Aznar afronta el peor escándalo de su gestión
| Madrid. - Quedó constituida ayer una comisión parlamentaria sobre el caso Gescartera, el mayor escándalo financiero que ha afectado al gobierno de Jose María Aznar. El organismo parlamentario tendrá la misión de esclarecer si la agencia de valores Gescartera, que ha dejado un faltante de unos 100 millones de dólares, actuó con la connivencia de los poderes públicos. El escándalo ha salpicado a empresas públicas, instituciones como la armada, la mutual de la policía, algunos arzobispados, la poderosa Organización nacional de ciegos de España (Once) y el banco británico HSBC, cuyos responsables desfilarán en los próximos días ante la comisión. Los socialistas (oposición) y los populares del presidente del gobierno José María Aznar se enfrascaron en un debate en la apertura de la comisión de investigación, debido a la acusación de un diputado popular contra un parlamentario socialista, que no identificó, de quien dijo usó información privilegiada y estuvo relacionado con el caso Gescartera. La comisión de investigación, formada por 16 parlamentarios, durará dos meses, pero los 2.000 inversores de la agencia de valores que han visto esfumar sus ahorros tendrán que esperar más. Los pequeños ahorristas, con menos de 3,3 millones de pesetas (casi 18 millones de dólares), no perderán su dinero gracias a un decreto recién aprobado por el gobierno. El escándalo ha provocado, de momento, el cese, en julio pasado, de Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda y hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, y el encarcelamiento preventivo del máximo directivo de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, quien no ha dicho donde está el dinero. Además de averiguar donde se encuentran los 100 millones de dólares y si Gescartera fue una "lavadora" de dinero negro, la comisión debe determinar si la administración pública ha favorecido el fraude, ya que Gescartera ascendió de una sociedad de gestión de patrimonios a agencia de valores en febrero pasado pese a no cumplir, según parece, con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Valores. (DPA)
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