Venado Tuerto. - El Ejecutivo venadense vetó la ordenanza aprobada por los cinco ediles radicales y el peronista disidente Alberto Turcato que ordenaba la suspensión de los términos procesales y administrativos de la utilización de radares en la ruta 8, al considerar razones de "estricta legalidad, mérito y oportunidad".
Semanas atrás el Concejo había aprobado una ordenanza, la nº 2858/01, mediante la cual se suspendía la utilización del labrado de actas de comprobación y los efectos jurídicos del contrato celebrado entre el Ejecutivo y la empresa prestataria del servicio, Buenos Aires Vial SRL. Desde la puesta en funcionamiento de los dos radares ubicados en la ruta 8, a partir del 15 de junio, se habían detectado más de quince mil infracciones que fueron enviadas a los transgresores. Sin embargo la ordenanza sancionada dio marcha atrás con esa posibilidad y dejó abierta la posibilidad para que el Ejecutivo la vete.
Para el municipio "el Concejo ha dictado una norma que no tiene el carácter de generalidad sino que afecta a un acto puntal de administración" por lo que es desestimable esa apreciación. Además consideran el veto como "torpe intromisión en el ámbito de las atribuciones del intendente así como la injerencia en la labor del Tribunal de faltas municipal".
Una de las grandes discusiones que están manteniendo en estos momentos los ediles con el intendente Roberto Scott (PJ) pasa por determinar los grados de alcance que tiene una medida impulsada por el Ejecutivo. En este caso el oficialismo sostiene que tiene atribuciones para "contratar un servicio y los opositores sostiene que antes se los debería haber consultado".
Atribuciones
En el veto se sostiene que al Ejecutivo se le asigna el carácter de exclusivo representante en las relaciones oficiales y que "como consecuencia necesaria de ese atributo, el de representar al municipio en las relaciones con terceros y celebrar contratos que sean necesarios a los intereses comunales", según el artículo 10 de la ley Orgánica de municipios.
Uno de los reclamos formulados por los concejales radicales está vinculado con la falta de documentación enviada por el municipio acerca de contratos con terceros para la explotación del servicio, modo de funcionamientos de radares y tipo de cinemómetros.
No obstante el oficialismo asegura que "se remitió toda esa información al Concejo y se solicitó la autorización para el uso de cinemómetros en la ruta". En cuanto a la licitación del servicio sostiene que "se ha arribado luego de tres procesos de licitación en los cuales el municipio buscó lo mejor para la comunidad".
Para el ejecutivo "no hubo una serena reflexión en la constitución de esa torpe pieza legislativa, ya que de ser así estaríamos en presencia de conductas que merecen el reproche penal tipificado en el abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos".
Finalmente el Ejecutivo expresó que "los concejales tomen una actitud reflexiva para no caer en mezquindades electoralistas".En tanto, representantes de \la empresa Buenos Aires Vial SRL, concesionaria del servicio de radares, se reunieron ayer con integrantes del Concejo Deliberante para despejar "todas las dudas que hay al respecto".
La Ciudad
