La Justicia Federal hizo lugar a diez recursos de amparo presentados por jubilados de Rosario, quienes quedarán exceptuados del 13 por ciento de recorte a los haberes de la clase pasiva. La resolución judicial corresponde a un juzgado de Capital Federal y fueron notificados la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y los ministerios de Trabajo y Economía. Mientras tanto, y como si se tratara de la punta de un iceberg, otras 45 presentaciones ante el fuero federal en Rosario aguardan un fallo favorable. Y vienen más.
La noticia corrió ayer como un reguero de pólvora. Diez jubilados patrocinados por abogados locales y porteños lograron zafar de la poda del 13 por ciento que sufrieron las jubilaciones mayores a 500 pesos. En forma progresiva, el Poder Judicial está acotando a través de sus fallos las atribuciones dispuestas por el Ejecutivo con la ley de ajuste, situación que podría derivar en una catarata de amparos contra la poda gubernamental.
Ayer se conoció el fallo favorable a las 10 medidas suspensivas solicitadas en Rosario, pero aún restan conocerse otras 490 presentadas por jubilados de nuestra ciudad el pasado 10 de agosto. Todas ellos fueron anexadas a denuncias de jubilados porteños por parte de la agrupación política Causa Convocatoria Abierta, que lidera el economista Manuel Herrera.
En rigor, la jueza federal número 6 de Capital Federal, Victoria Pérez Tognola, dispuso "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Estado Nacional (Ministerio de Trabajo, y de Economía) se abstenga de aplicar a los actores las reducciones contenidas en la ley 25.453". A su vez, la disposición solicita la suspensión de los descuentos previstos en el decreto 896/01.
Trámite gratuito
A su turno, el representante rosarino de Herrera, Miguel Angel Cipriano, explicó a La Capital que "los trámites para litigar en el fuero federal son absolutamente gratuitos". El profesional puso a disposición de los interesados el teléfono 4113631.
Según se explicó, los diez amparistas locales presentan un haber mensual de entre 500 y 1.500 pesos y en su mayoría son jubilados de Entel, Aduana y de la antigua Caja de Industria y Comercio. Todos ellos quedaron a resguardo del ajustazo gubernamental.
El fallo de la jueza Pérez Tognola tiene un elemento distintivo: declara inconstitucional al artículo 14 de la ley 25.453 votada por el Congreso y que prohibía la ejecución de medidas cautelares.
"Queda claro que el Ejecutivo no puede hacer los descuentos, pero seguramente la cuestión de fondo tendrá que dirimirla la Suprema Corte de Justicia de la Nación", apuntó Cipriano, quien calificó la quita del 13 por ciento en las jubilaciones "como una cuasi exacción".
Mientras tanto, una larga hilera de jubilados rosarinos se encuentra a la espera de una resolución favorable a sus amparos. Ariel Piñeyro, asesor legal de 45 litigantes en el fuero federal local, explicó que la mayoría de sus patrocinados son retirados y pensionados de la Prefectura Naval Argentina, cuyos ingresos promedian los 650 pesos.
"Estamos esperando el fallo en primera instancia de casos con enfermedades terminales. Como se puede comprobar, el ajuste se vuelca sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, con una actitud confiscatoria e inequitativa por parte del Estado Nacional".
La Ciudad
