Vinculan a un juez con banda de delincuentes

Posadas.- Un juez de la ciudad de Posadas es investigado por presunta falsificación de documentos y su posible vínculo con una banda de delincuentes que robaba automóviles y camionetas, en hechos en los que se sospecha además la participación de policías federales y de ex agentes de inteligencia del Estado, informaron fuentes judiciales.
La división Prensa de Policía Federal negó que exista imputación alguna contra personal de la delegación de esa fuerza en Posadas y explicó que el desempeño de los agentes está enmarcado en oficios judiciales, algunos de los cuales fueron cuestionados.
Lo cierto es que el juez de instrucción número 3 Eduardo D'Orsaneo investiga a su par del juzgado número 2 Ramón Grinhauz, por presuntas estafas, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita.
El choque de poderes quedó al descubierto cuando la policía de Posadas incautó en las últimas horas tres camionetas cuatro por cuatro, con documentación falsa, que estaban en poder de la delegación de Policía Federal de esa ciudad.
Fuentes judiciales relataron que la pesquisa se inició a partir de la detección de un oficio judicial apócrifo, que otorgaba la custodia de automóviles secuestrados a distintos organismos públicos y a particulares.
El secuestro de las camionetas se concretó luego de un tironeo entre la policía provincial y federal, que en un principio se negó a entregar los vehículos con el argumento de que los agentes carecían de orden de allanamiento.
El comisario a cargo de la delegación Posadas de Policía Federal, José Américo Romero, aclaró que el oficial que se presentó para tomar posesión de las camionetas "no tenía orden judicial e incluso carecía de credencial de policía".
"Entregué la camioneta después de mantener una conversación telefónica con el juez D'Orsaneo, pero quiero aclarar que el vehículo había sido entregado en custodia judicial a la policía federal, por orden de un juez al que no puedo mencionar por secreto de sumario", contó Romero.
Los tres vehículos secuestrados, todos robados en Buenos Aires, venían acompañados de oficios judiciales firmados por el juez cuestionado.