El Ministerio de Economía señaló que las modificaciones al Pacto Fiscal tenderán "a generar un ahorro neto de hasta 900 millones durante el resto de 2001", y manifestó que el gobierno "espera que la discusión con los gobernadores de la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, permita darle estado parlamentario antes de fin de año". Alertados de esta situación, los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, impulsaron, por mandato de sus pares del PJ, una reunión para el miércoles, en la cual los mandatarios provinciales, oficialistas y opositores, fijarán su postura. El tema promete otro cruce entre aliancistas y justicialistas, a la luz de que, por ejemplo, el radical rionegrino Pablo Verani, ya anticipó que su distrito, aunque sufre retrasos en el pago, no planea acciones judiciales. Sostuvo que la plata demorará más en llegar por un planteo judicial que por la vía "práctica". Del otro lado, el salteño Juan Carlos Romero anunció que la Fiscalía de Estado provincial está preparando una presentación de demanda ante la Corte Suprema, y que espera que "el lunes o martes" el texto pueda estar en el supremo tribunal. Sostuvo que el no cumplir con los acuerdos "le quita muchísima seriedad al país", y se preguntó "quién va a creer que somos un país confiable, si a los pocos días de lograr leyes como el pacto fiscal la propia Nación está negando la posibilidad de cumplimiento". En tanto, los voceros del gobernador de La Pampa, Rubén Marín, alertaron que "no hará una presentación judicial hasta que no se establezca en una reunión con los gobernadores" de las demás provincias, lo que alienta la chance de que el tema esté en el encuentro del miércoles.
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