Año CXXXIV
 Nº 49.232
Rosario,
viernes  07 de
septiembre de 2001
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Desaparecidos. Gabriel Cavallo recibió un exhorto del magistrado español
Garzón pide el arresto del ex juez Brusa
La solicitud se hizo extensiva a otros cinco presuntos ex represores santafesinos, entre ellos un candidato a diputado

El juez español Baltasar Garzón le remitió un exhorto a su par argentino Gabriel Cavallo solicitándole el arresto preventivo del ex magistrado federal Víctor Brusa y de otros 17 presuntos ex represores de la última dictadura militar, entre ellos (además del ex magistrado) otros cinco santafesinos.
Brusa, quien fue destituido por el Consejo de la Magistratura el año pasado, afronta cargos en España por supuesto genocidio y terrorismo de Estado. El ex juez federal no reconoce la jurisdicción de Garzón y ayer, cuando La Capital consultó sobre la novedad a su letrado (su hermano Horacio Brusa), éste manifestó que no había sido aún comunicado de la novedad y que antes de formular declaraciones debía "analizar la línea de acción jurídica" a aplicar.
Además de Brusa, figuran en el exhorto de Garzón el ex agente de Inteligencia Eduardo Alberto Ramos, ex empleado de la Municipalidad de Santa Fe; Mario José Fasino, ex presidente comunal de San José del Rincón; Héctor Colombini, ex subjefe de Drogas Peligrosas, el ex coronel Juan Orlando Rolón y María Eva Aevis, a quien se la acusa de haber actuado como carcelera en un centro clandestino. Ramos, será a candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. El Partido Autonomista, el Frente de los Jubilados y el Modín lo incluyen en la nómina, según reveló ayer el portal "El consultor web", de la ciudad de Santa Fe.
Asimismo, se encontraría imputado el ex agente de la Guardia de Infantería Juan Calixto Perizzoti. A este ex funcionario se le acusó de haber actuado en dependencias de ese organismo, en el que prisioneros clandestinos habrían soportado tormentos, precisamente frente a Brusa.
Brusa fue acusado por la fiscalía española en 1998, y en 2000 el juez Garzón lo imputó en el megaproceso que lleva adelante en Madrid. Ahora, los fiscales Gerardo Di Masi y Jorge Dahl Rocha se encuentran analizando la documentación que remitiera Garzón desde Madrid y no habría que descartar la posibilidad de que dictaminen que debe arrestarse preventivamente a los imputados hasta que, como ocurriera recientemente con ex el capitán Alfredo Astiz, se determine si corresponden o no sus extradiciones. Entre los reclamados por el juez español figuran varios acusados que habrían actuado en la Esma.
La resolución final debe tomarla el juez Cavallo, quien casualmente se encuentra de viaje en España, donde mantuvo reuniones con el propio Garzón y participó de foros sobre derechos humanos y justicia universal, en los que también intervino el juez español. Este reconocido magistrado el año pasado manifestó su malestar al gobierno del presidente Fernando de la Rúa por la falta de colaboración de las autoridades argentinas al juicio que sustancia en Madrid.
Cavallo fue el juez que anuló la ley de obediencia debida y procesó y ordenó el encarcelamiento de los conocidos ex represores Julio Simón, alias Turco Julián, y Juan Antonio del Cerro, alias Colores, por el secuestro y desaparición de un matrimonio de discapacitados.
El actual gobierno mantiene la misma línea de la administración del ex presidente Carlos Menem, en el sentido de no reconocerle jurisdicción a España para investigar los crímenes cometidos en el período dictatorial de 1976-1983.
En base a un principio de territorialidad los sucesivos gobiernos argentinos han rechazado cada uno de los pedidos de arresto con fines de extradición cursados desde tribunales extranjeros contra ex represores. El último caso resonante fue el de Astiz, quien había sido detenido por la jueza María Servini de Cubría y debió ser dejado en libertad cuando la Cancillería desestimó el pedido de extradición.
Brusa se desempeñó durante varios años en el Juzgado Federal de Santa Fe. Distintos testigos, sobrevivientes de la dictadura, lo denunciaron como supuesto cómplice de torturas aplicadas a prisioneros en la comisaría 4ª y en la Guardia de Infantería, ambas de Santa Fe, cargos que siempre Brusa negó.
En mayo del año pasado Brusa fue destituido por el Consejo de la Magistratura, que consideró inadecuada la actuación que le cupo en el accidente de noviembre de 1999 en la laguna Setúbal, en el que casi perdió la vida el aprendiz de guardavidas Miguel Pedernera.



Brusa podría correr la misma suerte que Astiz.
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