Los Molinos. - La ejecución de un juicio con sentencia firme por una demanda del orden de los 400 mil pesos por un accidente ocurrido hace doce años podría poner en bancarrota a la comuna de esta localidad. Hasta ahora el gobierno molinense logró frenar el caso acogiéndose a la ley provincial de emergencia económica y a instancias de un dictamen que impide el embargo de la coparticipación y los bienes comunales, aunque la sentencia, inevitablemente, puede ser materializada en cualquier momento.
El presidente comunal Jorge Foco aseguró que "cuando eso ocurra la comuna no podrá seguir brindando servicios públicos y tendrá que recurrir a la provincia para pedirle un salvavidas para poder seguir en pie". Es que la cifra en cuestión significa casi el 70 por ciento del presupuesto comunal, cuyo monto ronda los 600 mil pesos. "Si tenemos que pagar el juicio se quebraría la funcionalidad de la comuna y los más perjudicados serán los empleados", vaticinó Foco.
El episodio que derivó en este grave problema comunal ocurrió en septiembre de 1989, cuando un vehículo comunal arrolló a un chico de catorce años causándole graves lesiones en la zona de los genitales. La víctima, Bruno Sánchez, circulaba con su bicicleta tomado de la parte trasera de un tanque regador impulsado por un tractor y luego de perder el equilibrio terminó bajo sus ruedas. El pequeño salvó milagrosamente su vida y el accidente conmovió a los pocos más de 2.000 pobladores de este pueblo, ubicado a unos 70 kilómetros de Rosario.
Bruno ya tiene 26 años y hace varios años que vive con sus padres en la ciudad de Córdoba. Según su madre, Silvia Trobiani, le quedaron secuelas del accidentes a pesar de ser operado unas quince veces.
Historia confusa
En noviembre de 1989, a dos meses del suceso, los padres de la víctima acordaron con las autoridades comunales de entonces recibir una suma de dinero para no recurrir a la Justicia, aunque ahora lo niegan (ver aparte).
En 1991, cuando faltaban solamente tres días para que prescribieran los dos años de plazo que fija el Código Civil para que ejercer el derecho a un reclamo judicial, la familia Sánchez inició acciones legales contra la comuna y el empleado que conducía el regador por daños y perjuicios.
"A partir de allí no se hizo ningún intento por llegar a un nuevo arreglo", recordó Foco con relación a la actitud -que calificó de errónea- que a su entender tomó su antecesor, Mario Vranicich. "Estuvo mal asesorado por los abogados y ahora estamos pagando las consecuencias de esos errores. Deberían haber hecho valer el convenio extrajudicial que la comuna pactó con la familia Sánchez y respetó", aseguró.
Al problema del juicio se sumó luego la quiebra de la firma Cooperación Gremial, donde la comuna tenía asegurado sus vehículos, con lo cual quedó desamparada y como única responsable para responder a la demanda judicial.
Apelaciones rechazadas
El fallo fue dictado el 12 de noviembre de 1997 por la entonces jueza del Tribunal Colegiado de la 1ª Nominación de Rosario, María Angélica Rodríguez. La sentencia fue apelada tres veces y ratificada hasta quedar firme. En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja directa que presentó la comuna para pedir la inconstitucionalidad de la resolución.
Así las cosas, a la comisión de fomento no le quedó otra salida que elaborar una estrategia en defensa de los intereses de las arcas comunales. Por un lado se adhirió a la ley de emergencia económica para no pagar el juicio mientras dure la medida, y por el otro consiguió que la jueza de instrucción y correccional de Casilda, Silvia Nogueras, emitiera un dictamen donde dispuso la inembargabilidad de la coparticipación y los bienes comunales al fin de garantizar la prestación de los servicios públicos.
"Tuvimos que armar esta defensa para que no nos rematen el pueblo, porque hablamos de cifras extraordinarias", dijo Foco a La Capital, y agregó: "Hasta ahora la estrategia nos está dando efecto, aunque no sabemos hasta qué punto estamos defendidos".
"Esto es una cuestión de tiempo. Otra cosa no podemos hacer. Hablamos con autoridades nacionales y provinciales para ver si nos podían dar una mano pero no pasó nada. Le propusimos a la familia pagarle unos 100 mil pesos en cuatro años y tampoco prosperó porque tienen el juicio ganado", dijo Foco.
Documentos irrefutables
La madre de Bruno Sánchez, Silvia Trobiani, negó haber firmado junto a su esposo un convenio por medio del cual aceptaban una indemnización por el accidente que sufrió su hijo para no iniciarle un juicio a la comuna.
Sin embargo, La Capital constató la existencia de un contrato de transacción donde la comuna se comprometía a "abonar en concepto de indemnización total y definitiva un millón de australes" a la familia Sánchez.
El documento está firmado por el entonces presidente comunal, Mario Vranicich; el juez local, Juan Morelli, y los padres de Bruno, entre otros. El convenio fue suscripto el 7 de noviembre de 1989 y la suma de dinero acordada fue efectivizada trece días después, como consta en una orden de pago comunal Nº 23.520, que lleva la firma de Francisco Sánchez.
La Ciudad
