En medio de una gran confusión acerca del contenido del texto en discusión, el Senado terminó de aprobar anoche el proyecto de reforma política con la definición de varias regulaciones al gasto partidario y electoral. La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en Diputados, contempla parcialmente algunas de las propuestas que el gobierno prevé poner en consideración en un plebiscito, aunque no genera disposiciones de recorte de gastos sino un nuevo esquema de financiamiento.
La norma fija, entre otros puntos, la reducción del aporte estatal a los partidos de 3 a 1 peso por voto obtenido. Además, limita la contribución privada a las campañas y crea un fondo partidario común a crearse con dinero proveniente de los sectores público y privado.
El proyecto llegó al recinto con un precario acuerdo entre el PJ y la UCR, que permitió lograr la mayoría especial requerida para su sanción. Sin embargo, la imposibilidad de agotar la discusión en comisión detonó una realidad que los senadores intentaron disimular: mientras el justicialismo (y las autoridades de la cámara) tenía un texto y votaba en consecuencia, el radicalismo debatía en base a una iniciativa diferente.
Peor aún: en el artículo 34, que establece un tope a la financiación privada de los partidos, el PJ y la UCR quedaron convencidos de que se sancionó un contenido diferente entre sí.
Con un caótico debate que insumió una hora y media de discusión, el Senado finalizó la sanción de la reforma política, que ya había sido aprobada en general pero había quedado interrumpida en la discusión en particular en mayo pasado.
En la sesión de anoche se trató exclusivamente el tema del financiamiento de los partidos y las campañas. Ya contaban con media sanción dos proyectos que limitaban la duración de las campañas y establecían las elecciones internas abiertas obligatorias (existía una cuarta iniciativa que buscaba crear una fiscalía electoral, aunque finalmente no prosperó).
Llamativas ausencias
Extrañamente, no estuvieron presentes los dos principales impulsores de la norma: el justicialista Carlos Corach (fue quien en soledad pidió su tratamiento durante meses) y el radical Luis Molinari Romero.
En el PJ, el rol de miembro informante fue practicado por José Carbonell, quien había seguido el tema durante meses. Pero no ocurrió lo mismo en la UCR, donde la voz cantante la llevó José María García Arecha, quien demostró su incomodidad por tener que relevar a Molinari Romero.
Por eso no resultaron extraños los contrapuntos que se produjeron en el tratamiento en particular de algunos aspectos de la norma que empezará a regir a partir de 2002, cuyos pasajes salientes disponen: \u Que los fondos de los partidos políticos, salvo los destinados a financiar la campaña electoral, deberán depositarse en una cuenta única por distrito en una cuenta del Banco Nación o de un banco oficial local (sancionado por unanimidad).
u Que se cree un fondo partidario permanente, administrado por el Ministerio del Interior, que se integrará con un aporte estatal a definirse en el presupuesto, con contribuciones privadas, reintegros y multas. El Estado queda obligado a garantizar las campañas electorales generales y el funcionamiento y capacitación de la política. Los recursos se distribuirán en 20 por ciento en forma igualitaria entre todos los partidos, y el 80 % restante de modo proporcional a los votos obtenidos (sancionado por unanimidad).
u Independientemente de ese fondo, se establece un esquema de financiamiento para campañas electorales, que se integrará por dinero surgido del presupuesto como aporte extraordinario. De ello, el 30 % se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos, y el 70 restante de modo proporcional a los sufragios conseguidos (su sanción fue la más rápida de la ley).
Los problemas se concentraron en el capítulo sobre financiamiento privado, que puede ser aportado al fondo partidario común o a una fuerza específica. En el artículo 33 se enumeran los organismos y entidades que no pueden hacer contribuciones, entre los que se encuentran donaciones anónimas, aportes de concesionarias de servicios, entidades centralizadas o descentralizadas, firmas que exploten juegos de azar, gobiernos y extranjeros.
El texto original que había remitido el gobierno, por iniciativa del ex ministro del Interior Federico Storani, incluía en esta lista a las asociaciones sindicales, patronales, profesionales o cámaras empresariales, pero el PJ las borró del dictamen final. Se produjo entonces un debate respecto de qué texto era el válido, porque el radicalismo tenía en sus bancas la versión anterior. Después de mucha discusión, la mayoritaria bancada opositora logró excluir este párrafo, con lo cual esas entidades pueden realizar contribuciones a la actividad política.
En el artículo 34, dentro del mismo apartado, se registró el hecho más llamativo: el PJ votó un tope al aporte de empresas de 10 % del total de gastos permitidos (1 peso por empadronado) y de 5 % a las personas físicas, mientras que la UCR optó por 2 y 1 por ciento respectivamente.
La Ciudad
