El ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue indagado sorpresivamente ayer por su presunta responsabilidad en el contrabando de armas y pólvora a Croacia y, frente al juez en lo Penal Económico Julio Speroni, dijo que firmó los decretos del escándalo porque fue "engañado" respecto del destino del material bélico.
Ahora, el juez Speroni -sorprendió al encarcelar al ex ministro Erman González el 23 de mayo pasado- deberá resolver si dicta el procesamiento de Cavallo, imputado como presunto coautor de las exportaciones clandestinas de armamento que se sucedieron entre 1991 y 1995, durante el gobierno del detenido ex presidente Carlos Menem.
El delito que Speroni atribuyó al jefe de Hacienda no admite la excarcelación, pero Cavallo goza de la inmunidad que le otorga su cargo de ministro y, si el juez resuelve procesarlo y dictarle prisión preventiva, antes deberá pedir su desafuero al Congreso.
Asistido por el abogado Eduardo Oderigo, Cavallo respondió cerca de 40 preguntas en una audiencia con Speroni y la fiscal Alicia Sustaita que se inició a las 7.30 y duró casi tres horas.
Speroni estimó conveniente la citación al ministro para recibir sus explicaciones sobre el contenido de algunas de las normas de los decretos, según consignó un comunicado de prensa difundido desde Economía al término de la audiencia.
La rúbrica de Cavallo figura en los cuatro decretos del Poder Ejecutivo que, en 1991, 92 y 95, autorizaron la exportación de armas a Panamá y Venezuela cuando, en realidad, el material fue enviado clandestinamente a Croacia y Ecuador.
El parte de prensa refirió que, al ser consultado sobre esos documentos, Cavallo explicó que en los "decretos no se hizo más que repetir las previsiones que desde 1984 contienen los decretos sobre venta de armas".
Y reiteró que "hasta 1995 no conoció ni sospechó de ninguna irregularidad que se proyectase o se hubiere ejecutado", mediante los decretos, indicó el comunicado.
La convocatoria a Cavallo, que hace un año quedó señalado en el expediente que conduce Speroni, causó sorpresa, ya que se mantuvo en absoluta reserva hasta ayer mismo.
Un vocero judicial contó que a Menem, Cavallo "lo nombró en términos genéricos, muy especiales, hablando de él como «el presidente»".
Menem, que cumple arresto domiciliario desde el 7 de junio por orden del juez federal Jorge Urso, será indagado por Speroni el 16 de octubre y al día siguiente deberá declarar el detenido empresario Emir Yoma.
En agosto de 2000 Speroni imputó a Menem, Cavallo, el ex canciller Guido Di Tella y el ex jefe del Ejército Martín Balza como presuntos responsables del contrabando de pólvora y armas a Croacia.
Sin embargo, las explicaciones ofrecidas entonces por los ex funcionarios no convencieron al magistrado, que en mayo envió a la cárcel a Erman González luego de tomarle declaración indagatoria. El ex ministro, posteriormente, sumó otro fallo en su contra cuando Urso le dictó prisión preventiva como "organizador" del tráfico de armas.
Balza, en cambio, ya estaba preso por orden de Urso cuando Speroni lo procesó y le impuso prisión preventiva.
Menem, bajo arresto domiciliario por orden de Urso, podría correr ahora la suerte de Balza. Y en idéntica situación se encuentra Emir.
Di Tella, en cambio, fue procesado por Urso pero nunca fue preso. Y el 19 de este mes será indagado por Speroni, que podría enviarlo a prisión.
Mucha confianza
Volviendo a Cavallo, el ministro repitió ayer ante Speroni que "firmó los decretos de ventas de armas como si fueran documentos cotidianos y confiando en que el verdadero destino final de las armas iba a ser Panamá y Venezuela".
Tanto el procesado ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, (que al igual que Di Tella no fue detenido por el caso) como el ahora preso Erman González se quejaron públicamente por sentirse "discriminados" debido a que Cavallo no había sido llamado a declarar como acusado por ninguno de los jueces que investigan la venta ilegal de armas.
Mientras, la defensa de Menem prepara un planteo que generará una disputa de competencia entre Urso y Speroni.
El juez federal investiga las maniobras desde 1995, mientras que Speroni heredó una causa que abrió la Justicia de Córdoba por el contrabando de 230 toneladas de pólvora que habrían sido sustraídas de una planta militar del interior de la provincia.
El año pasado, Speroni, que ya elevó parte de las actuaciones a juicio, amplió la pesquisa para investigar todas las violaciones a las normas aduaneras que posibilitaron las exportaciones ilegales de armamento.
Los cargamentos -más de seis mil toneladas de armas y pólvora- nunca fueron revisados en la Aduana porque resoluciones del gobierno habían ordenado dar luz verde a los envíos sin verificaciones previas del contenido.
La Ciudad
