Arrestan a un martillero que se quedó con el dinero de un remate

La policía detuvo a un martillero público que se apropió del dinero que obtuvo al rematar varias unidades del transporte público pertenecientes a una empresa judicialmente declarada en quiebra, y con su actitud impidió que los acreedores -entre ellos los choferes de la firma quebrada- pudieran cobrar lo que les debían. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, el acusado ya habría confesado ante un magistrado que efectivamente se apropió del dinero que debía haber entregado inmediatamente después de la subasta a la sindicatura de la quiebra, para que lo distribuyera entre los acreedores. Se trata del martillero Abdón Emiliano Romero, quien -según las fuentes consultadas- se quedó con unos 37.000 pesos. Constituye una estafa y es el delito que le están imputando.
Romero fue arrestado este fin de semana por efectivos de la Sección Seguridad Personal de la Unidad Regional II de policía y puesto a disposición del juez de Instrucción Nº 3, Luis María Caterina. Este magistrado tiene en su poder desde hace varios meses una denuncia de la sindicatura de la quiebra de la ex empresa de transportes Saladillo, cuyos integrantes revelaron que Romero jamás les entregó el dinero.
El martillero ya fue indagado por Caterina, y durante ese interrogatorio (que se produjo la mañana de ayer) se habría producido la confesión que virtualmente lo deja al borde del procesamiento.
La ex empresa de ómnibus Saladillo, una de las más antiguas en la ciudad, entró en crisis hace varios años y fue a convocatoria de acreedores. Luego, un juez declaró su quiebra y ordenó el remate de varios colectivos para poder pagar con la recaudación de la subasta la indemnización de los choferes que quedaron sin trabajo.
La subasta se realizó a mediados de 2000 y permitió recaudar una cifra que según cálculos extraoficiales orilló los 37.000 pesos. Sin embargo, pasaron las semanas y Romero jamás se presentó ante la sindicatura para hacer entrega del monto obtenido por el remate. Esta actitud del martillero motivó que los síndicos hicieran la denuncia penal ante una fiscalía. De allí la presentación pasó al juzgado de Caterina, quien inició una investigación donde comprobó que efectivamente Romero no cumplió con la obligación legal de entregar el dinero recaudado y que de ese modo incurrió en un delito.
Una vez que reunió los indicios suficientes para suponer que hubo delito, Caterina ordenó la detención de Romero. Un vocero judicial dijo ayer que al estar frente al magistrado el martillero confesó la estafa sin rodeos.