Si a la persistencia de la depresión le unimos la incertidumbre que transmite un gobierno inoperante, sumamos la debilidad institucional y le añadimos la desconfianza visceral hacia la clase política, este cóctel no puede sino crear un escenario ingobernable.
En él se mueven políticos y sindicalistas que reclaman derechos adquiridos sin que esos derechos tengan ninguna relación con la base económica de la Nación. Pero sus reiteradas reivindicaciones forman el coro cacofónico de la democracia prebendaria y rentista, donde todos exigen derechos y nadie habla de obligaciones, donde predomina el criterio de que otros asuman nuestras responsabilidades, donde lo urgente es conseguir prebendas mediante influencias y lo importante lograr una renta desde arriba, sin méritos personales.
Así, paso a paso y sin darnos cuenta, se ha ido construyendo el monstruo de la democracia prebendaria. ¿De dónde ha salido? No hay ninguna duda de que es el resultado del ideologismo y el oportunismo incubados en la sordidez del pacto de Olivos que ha hecho posible la entrega de la poder a la "nomenklatura". Hoy la sociedad civil asiste desolada e impotente a una agresión que destruye su fortuna, su estilo de vida, su habitat social y sus ilusiones. Esta democracia prebendaria, fue bautizada por el periodista Horacio Verbistky como "el robo para la corona" y su tesis nunca ha sido desmentida. Ahora no queda margen ni para el robo ni para la corona.
La sociedad civil se indigna por las actitudes de los políticos pero no encuentra más solución que seguir votando políticos de signo opositor a quienes detentan el poder, los que una vez encaramados hacen exactamente lo mismo que sus antecesores. Es evidente pues que para salir del marasmo debemos pensar y actuar de otra manera.
Las buenas y las malas leyes
Existe una creencia corriente pero equivocada sobre la manera cómo funcionan las instituciones políticas y sociales. Esa creencia supone que siendo los diputados y senadores quienes hacen las leyes y organizan las instituciones sociales, ellos mismos están facultados para alterarlas como se les ocurra.
Esta idea parece razonable y alentadora pero parte de la base equivocada de que si queremos edificar una sociedad más justa, podemos abolir nuestros valores, leyes e instituciones y reemplazarlos arbitrariamente. Tal idea es fatal porque las leyes, el derecho y las instituciones no son creaciones artificiales que puedan imponerse por capricho del gobernante, porque si tal fuese el caso serían resistidas y producirían efectos dañinos al intentar implantarlas por la fuerza. Esto es lo que cotidianamente nos viene pasando desde hace años: centenares de malas leyes y pésimos decretos siempre cambiantes, incoherentes, contradictorios y hasta turbios, que intentan transferir recursos privados al sector público y pretenden quitar a unos para dar a otros sin ninguna razón plausible.
Las buenas leyes, la sabiduría del derecho y la utilidad de las instituciones son el resultado de ciertas regularidades guardadas en la conciencia de los hombres y descubiertas evolutivamente por su inteligencia. Mediante esas regularidades, llamadas normas morales, los hombres y mujeres pueden tener una conducta individual honesta y pautas sociales solidarias que les producen beneficios y les permiten vivir en sociedad ayudándose mutuamente y sin sobresaltos.
Por sus frutos los conoceréis, dice la sabiduría evangélica: así, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Cuando los resultados económicos son tan dañinos como los que soportamos diariamente no hay otro diagnóstico razonable más que señalar que el árbol legislativo es malo porque engendra malos frutos y sanciona pésimas leyes, con lo cual pervierte el derecho y transforma a las instituciones en nichos parasitarios para acomodar correligionarios, dilapidando el esfuerzo ajeno. Por esta razón las leyes, el derecho y las instituciones constituyen la frontera del crecimiento económico.
Cómo reformar el Congreso
El presidente De la Rúa ha manifestado recientemente que está dispuesto a auspiciar una reforma para rebajar el costo de la política. Podríamos tener un senador por provincia y reducir en dos tercios los diputados, sin embargo si carecen de idoneidad para legislar y siguen por el mal camino, estaremos igual que ahora pero gastando menos dinero. El problema no pasa sólo por ese costado sino por crear un sistema que impida la llegada de los peores y que todos se sometan al gobierno de las leyes.
Cuando un senador declara a cierta periodista porteña que cobró sobornos para votar la reforma laboral, cuando un diputado nacional confiesa ante un periodista norteamericano que ayudó a ensobrar 25 millones de dólares para que sus colegas voten la ley de patentes, cuando otro senador es denunciado por un familiar directo mostrando las evidencias del manejo ilícito de 20 millones de dólares y cuando ninguno es sancionado, entonces da lo mismo que haya setentidós o veinticuatro senadores y doscientos ochenta o noventicinco diputados.
Sin embargo si De la Rúa quiere sinceramente mejorar la política y reducir su costo, puede encontrar soluciones ingeniosas estudiadas por eminentes economistas y filósofos del derecho como Friedrich von Hayek, Bruno Leoni, Philip Heck, Maximiliano Kestler Farnes, John Nowack, Eduardo Mayora Alvarado, Ronald Coase y James Buchanan. Se trata de separar las tareas y confiarlas a dos asambleas diferentes: una legislativa y otra gubernativa. Poco se ganaría si conservan su carácter actual porque se pondrían de acuerdo y producirían los mismos frutos malos. En cambio, si la reforma convierte al Senado en Asamblea Legislativa, compuesta por mayores de 45 años, votadas por sus coetáneos y no por todo el padrón electoral, podremos conseguir un Senado donde desaparezcan las facciones y únicamente se preocupe por la justicia y no por promover intereses deleznables.
Como el mandato no dependería de ningún apoyo partidario y serían elegidos por un largo período sin posibilidad de reelección, tendrían la oportunidad de coronar sus vidas haciendo buenas leyes. Esta asamblea reflejaría la parte madura y experimentada de la población, en sus mejores años, y quedarían inmunes a las presiones de los intereses sectoriales porque sólo podrían sancionar "normas generales, abstractas y de igual aplicación a un número indeterminado de casos futuros", prohibiéndose establecer privilegios o discriminaciones arbitrarias.
Al no haber partidos de por medio, nadie reclamaría la representación proporcional y los coetáneos de cada provincia darían la investidura a los mejores referentes. Como este Senado no podría conferir beneficios, ni organizar negociados para nadie, ni establecer impuestos para individuos específicos, es evidente que no estará sometido a la tentación de coimas ni al riesgo de recibir sobres con dinero mal habido. Sus normas legislativas se destinarían a casos generales y afectarían en el futuro a personas desconocidas en un número ignorado. Ese Senado no podría ser manipulado por extorsión ni chantaje de ningún lobby cuyas operaciones dan origen al nefasto metagobierno que maneja los hilos del poder real.
Por su parte los diputados, elegidos a propuesta de los partidos políticos exactamente igual que ahora, integrarían la otra Asamblea Gubernativa. Tendrían facultades restringidas a la emisión de decretos legislativos conducentes al estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes aprobadas por los senadores, así como aquellas medidas necesarias para la organización y eficaz funcionamiento de la administración pública, el mantenimiento de la seguridad y la paz interior. En el fondo harían lo que saben y quieren hacer: involucrarse en la gestión administrativa del gobierno.
A esta Asamblea gubernativa de diputados le estaría vedado dictar leyes o contravenirlas, así como emitir disposiciones arbitrariamente discriminatorias y conceder privilegios, para que no caigan en la tentación de designar como leyes lo que sólo son instrucciones administrativas o negocios destinados a grupos económicos de presión política.
De este modo, el presidente De la Rúa no sólo podría conseguir una rebaja en el costo de la política sino al mismo tiempo ennoblecer su ejercicio porque tanto el Poder Ejecutivo como los Diputados quedarían sometidos al gobierno de las leyes sancionadas por un Senado invulnerable a las prácticas corruptas e imposible de ser digitado tanto por su composición como por la naturaleza de las leyes que apruebe.
Reformas de este tipo podrían permitirnos defender las fronteras del crecimiento económico para que la reactivación y el crecimiento sean una realidad de corto plazo y no una fantasía.
La Ciudad
