El gobierno bonaerense dio marcha atrás con la resolución que ordenaba a las 18 jefaturas departamentales de la policía provincial a detener a los menores que mendigaban por las calles. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Ramón Oreste Verón, quien no obstante insistió en defender la iniciativa y consideró que hubo "un error en la interpretación".
El gobernador Carlos Ruckauf se limitó a señalar que tiene "bien en claro que la policía tiene que detener a los delincuentes y no a los chicos", aunque apuntó que "hay que desarmar a las bandas de adultos corruptores de los niños".
La anulación de la medida se produjo luego de que se alzaran las voces desde distintos rincones. Desde el gobierno nacional, de organismos defensores de derechos humanos, dependencias nacionales, provinciales y municipales que tratan la problemática de los chicos en situaciones de riesgo y hasta desde dentro del gobierno de Ruckauf.
Incluso, desde distintas Defensorías se anunció que ayer estaban prontas a presentar recursos para frenar la disposición policial que en una circular firmó el virtual jefe de la bonaerense, Carmelo Impari. Durante un acto en el Banco Provincia de la Capital Federal aseguró que los chicos en riesgo de ser explotados por los corruptores "tienen que estar bajo la protección del Consejo del Menor" de la provincia.
Ayer Verón confirmó la marcha atrás de la polémica resolución, que había generado un repudio generalizado, y señaló "no se trató de una medida arbitraria ni caprichosa, sino que nuestro propósito fue prevenir y proteger a los menores".
"Preservar a los niños"
Además, reveló que "nuestro ministerio tomará contacto con todos los organismos relacionados a la problemática del menor para consensuar acciones que permitan preservar a los niños". La resolución de la cartera de Seguridad había sido firmada el pasado 6 de agosto por el comisario mayor Carmelo Impari, a cargo de la Coordinación Operativa de la policía bonaerense, e impartida a las 18 jefaturas departamentales de la provincia.
En tanto, Verón fundamentó ayer que "la medida que se tomó (con anterioridad) no tiene otra intención que proteger a los jóvenes" y que desde la fuerza "no podemos permanecer indiferentes ante la degradación que están sufriendo estos chicos".
Finalmente, reiteró que "el procedimiento" que impulsaba la medida era "poner al menor a disposición de la Justicia, no como imputado de nada, sino en cumplimiento de una norma para proteger el menor. Ese es el error de interpretación", concluyó.