El ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró ayer que luego de las elecciones del 14 de octubre se comenzará a discutir la nueva ley de coparticipación y anticipó que los cambios en la fórmula de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias serán consensuados con los gobernadores y no se implementarán "manu militari".
El titular del Palacio de Hacienda intentó así bajar los decibeles de una discusión que, al calor de las próximas elecciones, se calentó con el reclamo de las conducciones del justicialismo y el radicalismo (en la cual están representadas los mandatarios provinciales) de reprogramar la deuda externa. Ayer, el presidente Fernando de la Rúa advirtió que "hay que tener cuidado con las palabras" que se utilizan al referirse al tema, que en rigor está contemplado en el acuerdo con el FMI.
Los cambios en la coparticipación y la reprogramación de la deuda se metieron en la agenda de discusión política a partir del acuerdo con el organismo internacional que habilitó un paquete de ayuda financiera a la Argentina por 8 mil millones de dólares.
Luego de una semana atravesada por la controversia con los gobernadores, el ministro de Economía aclaró ayer que la futura ley de coparticipación federal de impuestos no se dictará "manu militari" sino a través del diálogo con todos los gobernadores.
"La modificación del régimen de coparticipación se hará a través del diálogo con los gobernadores y antes de fin de año deberá tomar estado parlamentario", señaló Cavallo.
Durante un encuentro con empresarios latinoamericanos, el ministro hizo hincapié en la necesidad de avanzar a fondo con la ley de déficit cero, tanto en la Nación como en las provincias. Destacó que la nueva ley de coparticipación tomará forma "después de las elecciones del 14 de octubre ya que ahora es normal que se hagan discursos típicamente electorales".
"Hace tres años que vivimos en recesión y ahora la solución es, adoptar a rajatabla, el déficit cero en la Nación y en las provincias", subrayó.
Por otra parte, el gobierno salió a contener los reclamos de los gobernadores y de las conducciones partidarias del PJ y la UCR respecto de la necesidad de reprogramar la deuda externa.
El ministro del Interior, Ramón Mestre, confirmó que el gobierno nacional "aspira" a llevar adelante una renegociación de la deuda consensuada con los acreedores, a fin "disminuir el costo" de los intereses, que este año ascenderán a 11.500 millones de dólares. Sin embargo, aclaró: "Cuando hablamos de reprogramación de la deuda debe entenderse que no se trata de un acto unilateral, nunca el deudor puede pretender establecer la forma de cómo va a pagar la deuda".
El presidente De la Rúa, a su vez, advirtió que "hay que tener cuidado con la utilización de las palabras" cuando se habla de la deuda.
El jefe del Estado aludió al blindaje y al megacanje para sostener que fueron "algunos elementos de reprogramación", al tiempo que puso énfasis en descartar "cualquier riesgo de devaluación o default".
"Nosotros trabajamos para bajar los costos de la deuda. Yo como presidente debo ser cuidadoso de las palabras que uso. Recibo los aportes de todos los partidos pero lo que quiero descartar en este momento es cualquier riesgo de devaluación o default", señaló el mandatario al brindar un mensaje en el comité nacional de la UCR.
En tanto, el saliente vicepresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Stanley Fischer, aseguró que la Argentina "necesitará más ayuda" para resolver la crisis, y propuso conformar "un fondo" que facilite la reestructuración de la deuda pública argentina.
En otro orden, el viceministro de Economía, Daniel Marx, admitió que el gobierno busca fondos adicionales a los que recibirá del FMI para financiar una operación de reestructuración voluntaria de su deuda.
El Fondo trabaja junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para ver qué forma tomará la operación financiera, pero se estima que podría ser un canje de deuda, y los fondos que consiga el gobierno serían para garantizar el pago de los títulos a emitir en la transacción.
Marx explicó que el gobierno aún no cuenta con todos los fondos necesarios para cubrir las necesidades financieras del país para 2002, que superan los 20.000 millones de dólares, pese a que otros funcionarios dijeron que estaban completadas.
"Es algo que seguiremos explorando con los organismos multilaterales y también quizás otras fuentes para que nos den préstamos adicionales y garantías para combinarlas con los fondos del FMI para reducir la carga de los intereses", dijo.
Según datos oficiales, las reservas internacionales del Banco Central tocaron el miércoles su mínimo del año, a 19.505 millones de dólares, por una mayor demanda de dólares de los ahorristas que temen una devaluación del peso.
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La Ciudad
