Piden facilidades para el pago de impuestos

Gustavo Orellano

Casilda. - La Cámara de Diputados estudia un proyecto que establece un régimen de regularización de deudas para contribuyentes del impuesto inmobiliario que se vieron alcanzados por un sistema de relevamiento catastral que detectó mejoras edilicias no declaradas. La iniciativa fue impulsada por el radical Jorge Alvarez a raíz de numerosas intimaciones que envió la Administración Provincial de Impuestos (API) exigiendo la cancelación total de la deuda "sin ofrecer una forma alternativa de pago".
En todos los casos las intimaciones comprenden deudas de varios años que no fueron reclamadas en su momento por lo cual "los contribuyentes perdieron la posibilidad de gozar de ciertos regímenes de facilidades de pago y ahora con los intereses y recargos resulta imposible pagar", fundamentó Alvarez. "La falta de pago y la mora que se generó -añadió- no puede entonces atribuírsele al contribuyente y sí a los organismos responsables de las liquidaciones."
El Concejo Municipal de Casilda también se mostró preocupado por el tema y reclamó al gobierno provincial la inmediata implementación de un plan de regularización que contemple una reducción en la tasa de interés, tanto para la actualización de deudas como su financiación en cuotas. La declaración aprobada sobre tablas por el legislativo local surgió a instancias de un proyecto presentado por el edil Fernando Sambrailo en respuesta a "una gran cantidad de contribuyentes casildenses que se enteraron recién ahora de que mantienen deudas con la provincia por mejoras edilicias no denunciadas".
Las deudas reclamadas por la Api surgen por diferencias entre las superficies y la calidad de construcción declaras por los contribuyentes y los datos obtenidos por la dirección catastro provincial a través de un relevamiento aéreo y el posterior censo parcial de las parcelas. Ese trabajo realizado por el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) a través de la ley 10.547 tuvo errores que fueron denunciados oportunamente. Entre las más frecuentes figuran fallas en la consignación de superficies cubiertas o en la categorización de edificaciones como, por ejemplo, tomar a un galpón como casa.
A raíz de estos datos en 1999 la Api ajustó en Casilda el valor de más de 10.000 liquidaciones del impuesto. Sin embargo no informó a los contribuyentes -como tampoco lo hizo en el resto de la provincia- sobre el cobro de las mejoras no declaradas de 1994 a 1999. Esta demora provocó en las deudas liquidadas recientemente que sean mayores los intereses que el monto original. Por estas razones el Concejo pide que el Ejecutivo implemente un plan de facilidades de pago, que autorice la habilitación de una oficina en la Api o la Municipalidad para canalizar los reclamos, y que se suspendan los cobros judiciales.