El gobernador Carlos Reutemann aseguró que la decisión del ministro Domingo Cavallo, de romper el compromiso federal firmado a fines del año pasado produce "una enorme intranquilidad" en las provincias que, como Santa Fe, realizaron sus proyecciones presupuestarias para el año 2001 contabilizando el piso de transferencias garantizado por la Nación. En ese sentido, señaló que aunque "en el corto plazo" el gobierno santafesino puede cumplir con sus obligaciones normalmente, la opción de emitir bonos no se puede descartar.
El mandatario santafesino se sumó ayer a la posición de sus colegas justicialistas y aliancistas de salir a enfrentar al ministro de Economía, Domingo Cavallo, luego de que el fin de semana anunciara que no respetará la transferencia fija de 1.364 millones de pesos mensuales que la Nación se comprometió a girar a las provincias en concepto de coparticipación.
Cavallo había asegurado el fin de semana que ese sueldo fijo a los Estados del interior quedaba sin efecto por el propio peso de la crisis fiscal, que obliga a atar la coparticipación a los resultados de la recaudación de impuestos federales, que en agosto vienen una baja del 8%. Ayer fue el ministro del Interior, Ramón Mestre, quien insistió en la idea de reformular el compromiso fiscal.
En rigor, la aplicación del déficit cero a las provincias es una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, a cambio de la instrumentación de un paquete de ayuda financiera de 8 mil millones de dólares.
Hasta el fin de semana, el gobierno nacional aseguraba que iba a apurar el tratamiento legislativo de una nueva ley de coparticipación (pendiente desde la última reforma de la Constitución nacional). Las provincias aceptaban esta discusión si mientras tanto se mantenía el sueldo garantizado por la Nación a las provincias.
Ese sueldo, de 1.364 millones este año y de 1.400 millones el año próximo, fue acordado durante el último compromiso federal firmado a fines del año pasado. El acuerdo le venía bien en ese entonces al gobierno nacional porque anclaba las transferencias a las provincias (se añadía además un giro extraordinario de 225 millones para atender planes sociales) en un escenario que, se preveía, era de crecimiento económico y de la recaudación. Las previsiones fallaron, llegó la crisis financiera, y ahora el gobierno central se ve obligado a transferir dinero que no tiene.
Aunque durante la semana anterior los funcionarios del Ministerio de Economía se esforzaron por aclarar que no se modificaría ese piso de coparticipación, mientras se negociaba una nueva ley, Cavallo finalmente blanqueó la situación.
La reacción de los gobernadores no se hizo esperar. Justo en una semana en la que se iban a iniciar los contactos para discutir un nuevo proyecto de ley de coparticipación. Además de Reutemann, se anotaron los gobernadores peronistas José Manuel de la Sota (Córdoba), Rubén Marín (La Pampa), y el aliancista Angel Rozas (Chaco).
Resistencia legislativa
A estos se les sumó la firme posición expresada desde el Congreso nacional, donde se reclama al gobierno de Fernando de la Rúa que se cumpla con los acuerdos alcanzados durante la gestión de José Luis Machinea, el cual fue ratificado por una ley nacional.
En este punto, coincidieron el diputado radical Carlos Maestro y el presidente del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, quien dijo que "es difícil que las provincias puedan resignar este piso porque hay que modificar el acuerdo fiscal del año pasado con mayoría absoluta de ambas Cámaras y eso no es fácil".
La discusión cobra especial importante no tanto para el año en curso como para el 2002: para entonces la actual suma fija de 1.364 millones de pesos mensuales se transformará en un piso de 1.400 millones, lo que representará una sangría extra de las arcas nacionales de por lo menos 432 millones de pesos.
Pero esa suma podría ser mayor, si se tiene en cuenta que a partir del año que viene comenzarán a regir, según el Compromiso de noviembre del 2000, los "promedios móviles", por lo que las transferencias no podrán ser inferiores al al promedio de los últimos 36 meses.
En el caso de Santa Fe, por ejemplo, la recaudación mensual se mueve entre los 70 y 80 millones de pesos por mes. Esto significa aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales de la provincia. Ya la coparticipación de julio dejó un remanente importante para ser cobrado en agosto. Todo esto en un marco de una tendencia decreciente en la recaudación de impuestos propios.
Siendo Santa Fe una de las provincias con menos problemas fiscales del país, se justifica el alerta lanzado por varios gobernadores respecto de que para más de un distrito, esta poda de los recursos federales puede llevar a una situación de ingobernabilidad.
En el ámbito local, sólo la llegada urgente del crédito acordado con el Banco Mundial puede evitar que el gobierno eche mano de los bonos para cumplir sus obligaciones, tal como lo hizo la provincia de Buenos Aires.
El vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Oscar Lamberto (PJ), explicó ayer que el acuerdo que selló la Nación con las provincias en noviembre "significó que las provincias aceptaron vivir con un sueldo".
El malestar generado entre los gobernadores se puso en evidencia ayer con la indefinición en torno de la reunión que tenían previsto mantener con funcionarios nacionales para discutir la ley de coparticipación. Ese encuentro, en principio, se iba a realizar hoy, pero ayer nadie se atrevía a convalidar esa fecha.
La Ciudad
