Pese a las críticas que recibió desde la oposición y de algunos dirigentes de la Alianza, el gobierno está afinando los detalles de la consulta popular para saber si la ciudadanía quiere reducir el gasto de la política. Ayer el gobierno nacional admitió que en los próximos días quedaría definido el contenido del plebiscito que tiene previsto realizar a fines de octubre próximo, luego de las elecciones legislativas. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien señaló que "supuestamente la semana que viene vamos a terminar de ver cuáles son las preguntas, que no sólo se deben referir a la reforma de la política, sino también a la reforma del Estado".
Según trascendió, la administración de Fernando de la Rúa estima que la implementación de la reforma política significaría un ahorro de 1.800 millones de pesos, y considera que, a diferencia de los dirigentes políticos, la gente sí avalará el recorte.
El plebiscito fue anunciado el miércoles pasado por De la Rúa durante un mensaje emitido por cadena oficial que luego despertó varios cuestionamientos por parte de dirigentes radicales como Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno, del Frepaso y de justicialistas como Eduardo Duhalde.
Al respecto, Colombo admitió que el plebiscito comprendería "una pregunta sobre una serie de posiciones". De esta manera no se descarta que se le consulte a la gente si aprueba o no el proyecto de reforma política, con la explicación concisa sobre las medidas a tomar para la reducción de los gastos de esa actividad.
El plebiscito para el que se convocará no es vinculante, por lo que su puesta en marcha, en caso de ser votado mayoritariamente, no será en lo inmediato. También trascendió que la consulta estará supeditada a la modificación de la legislación nacional y distrital y a las reformas constitucionales en algunas provincias.
Pero según aclaró Colombo, la población votará a favor o en contra de una serie de medidas enmarcadas en una reforma general:
u Topes a los salarios de legisladores provinciales y recorte de gasto en las respectivas legislaturas.
u Eliminación de las becas y pensiones que otorga el Congreso nacional y algunas legislaturas provinciales.
u Modificar las cartas orgánicas de los municipios y la relación entre la cantidad de concejales y el número de habitantes.
u Unicameralidad.
Este último punto, uno de los principales cambios planteados por distintos sectores político, deberá atravesar por una serie de obstáculos, como la necesidad de que se reformen las constituciones provinciales.
Aunque se estima que esta reducción, que comprende a siete distritos donde funciona el sistema bicameral, acarrearía un importante ahorro.
Luego de anunciado el acuerdo con el FMI el propio De la Rúa había señalado la necesidad de "que el déficit cero alcanzará también a la política" porque "el pueblo está reclamando que esta reforma se realice enseguida".
El costo del plebiscito
La consulta popular podría costarle al Estado nacional unos 3 millones de pesos, una cifra sensiblemente inferior a los 70 millones que demandarán los comicios legislativos de octubre.
El director nacional electoral del Ministerio del Interior, Alejandro Tullio, estimó que para la consulta "se podrá aprovechar la logística desplegada en las elecciones del 14 de octubre de manera tal que la consulta sobre el costo de la política sea sensiblemente inferior".
Desde la Dirección Nacional Electoral simplemente se aguarda que "el presidente fije la fecha de la consulta" para poner en marcha el nuevo operativo y la convocatoria a la ciudadanía.
La estimación de Tullio se basa en que la logística que dejará la pulseada de octubre evitará el gasto para la confección de los padrones ya realizados por la Casa de la Moneda y la Imprenta del Congreso, por unos 6 millones de pesos; el Correo, que cuenta con una concesión permanente, y el escrutinio, que el gobierno estudia que "sea realizado por el mismo Estado nacional".
Un tema de discusión en cuanto a los costos será el aporte a los partidos para que expresen su posición ante la consulta, y que para la campaña de la elección legislativa ya promete una importante reducción debido a que el gobierno destinaría sólo un peso por voto, en lugar de los 3 de la última campaña.
Sobre la consulta en sí, la intención del gobierno es que sea no vinculante, lo que permite al presidente la convocatoria misma, porque si fuera vinculante se necesitaría una ley del Congreso para su realización, y además el voto de la ciudadanía no sería obligatorio.
De realizarse la consulta el 4 o el 11 de noviembre, según se estima, este sería el debut de este mecanismo de democracia semidirecta incorporado en la Constitución nacional reformada en 1994.
La Ciudad
